PDI colaborará con la justicia en caso de corrupción que involucra a 10 funcionarios

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La Policía de Investigaciones (PDI) aseguró este miércoles que pondrá todos los antecedentes necesarios a disposición del Ministerio Público ante el nuevo caso de corrupción en que aparecen involucrados diez funcionarios, quienes fueron detenidos junto a cuatro civiles (narcotraficantes).

 

Así lo aseguró el jefe nacional de Asuntos Públicos de la PDI, subprefecto Alfredo Espinoza, quien precisó que los arrestos fueron realizados por el Departamento V por orden del Primer Juzgado de Garantía de Santiago.

 

Resaltó que el hecho es “aislado” y los policías que aparecen involucrados fueron alejados de sus funciones y se instruyó un sumario administrativo, con el fin de determinar eventuales responsabilidades.

 

Consultado de por qué en los controles internos de la institución no se pudo detectar a tiempo esta red de corrupción, dijo que “no me atrevo a hablar de ninguna red de corrupción y llamamos a la tranquilidad de la comunidad, esto es un hecho que preocupa a la policía, pero aquí hay una situación específica y puntual”.

 

Resaltó que en la PDI hay 11 mil hombres que luchan contra la delincuencia arriesgando sus vidas y dijo que los controles internos están siempre funcionando para detectar cualquier irregularidad o cuando un funcionario se aleja de las normativas con la cuales se rige la institución.

 

Los funcionarios serán puestos mañana jueves a disposición del Primer Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de allanamiento ilegal, obstrucción a la investigación y abuso contra particulares.

 

Cabe señalar que los 10 policías pertenecen a la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel y la Brigada Móvil de Cerrillos.

 

Respecto al caso, la fiscal jefe del área occidente Solange Huerta precisó que los efectivos policiales implicados omitieron antecedentes que dispone la Ley de Drogas, procedieron a allanamientos, arrestos ilegales, y entregaron datos falsos a las indagatorias sustanciadas por la justicia.

 

En una actividad del Ministerio Público, Huerta sostuvo que no existirían más miembros de la policía civil vinculados a la investigación y descartó que los detectives detenidos hayan realizado escuchas ilegales para cometer los ilícitos.

 

La persecutora añadió que la investigación se gestó en marzo a raíz de un procedimiento en que hubo antecedentes aportados por la defensa de los imputados, indicando que los antecedentes policiales no se ajustaban a los hechos.

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