Sacerdote fue separado de sus funciones por presunto delito sexual en Punta Arenas

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El obispo de Punta Arenas suspendió de sus actividades al sacerdote Melchor Juragaro Manaideke, debido a un presunto ilícito de atentado a la privacidad e intimidad una menor de 16 años, cometida al interior de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Puerto Williams.

Según las acusaciones,el religioso habría filmado a la víctima en actos sexuales, motivo por lo cual se abrió una investigación canónica.

El vicario general diocesano Fredy Subiabre dio a conocer que en la noche del viernes 19 fue informado telefónicamente de la existencia de imágenes de una adolescente captadas en dependencias de la parroquia, en Puerto Williams. Esto llevó a que el domingo 21, él se trasladara a dicho lugar con la psicóloga Mónica Cerro, encargada de acoger las denuncias en nombre de la Comisión de Prevención de Abusos Sexuales de la Diócesis, para recabar antecedentes de los hechos referidos a través de los denunciantes, los padres de la menor afectada, el sacerdote que atiende la parroquia y miembros de aquella comunidad cristiana.

Para facilitar la indagación canónica, se dispusieron las medidas cautelares de restricción de sus funciones pastorales y del ejercicio público de su ministerio. A fin de asegurar su disponibilidad para colaborar en los ámbitos canónico y civil, se fijó el domicilio del sacerdote en la ciudad de Punta Arenas. 

Asimismo, el mismo domingo 21 se interpuso una denuncia civil en el cuartel de la PDI de Puerto Williams, a través de la misma persona de la comunidad que constató lo ocurrido, en tanto, la Iglesia diocesana ha comprometido su plena colaboración con las instancias pertinentes.

La psicóloga Mónica Cerro indicó al medio La Prensa Austral “que estas filmaciones sin autorización de las personas distan de un delito de abuso sexual, ni consta que en la denuncia que este sacerdote haya incurrido en actos de connotación sexual, pero al existir una persona menor de edad en esta situación preferimos reaccionar y hacer la denuncia que correspondía”.

Y añadió que el chip, hoy en manos de la PDI, donde se encontró la información era de propiedad del sacerdote, de allí la vinculación que se hace en la denuncia.

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