Hasta para el más incrédulo e incluso para el más crítico del movimiento estudiantil, ya no quedan argumentos para negar sus denuncias y desconocer lo que esta semana se hizo patente de forma irrefutable: sobran las sospechas de que en varias universidades se estaría lucrando, lo que está prohibido por ley.
Los ex rectores de las universidades Del Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén, respectivamente, fueron formalizados por supuestos delitos de cohecho, soborno y lavado de activos. A ambos se les acusa de haber pagado al entonces presidente de la Comisión Nacional de Acreditación de las universidades, Luis Eugenio Díaz Corvalán, a cambio de obtener el certificado que permite que los alumnos accedan a créditos con aval del Estado. El tema comenzó a ser investigado luego de una denuncia presentada por el ex secretario ejecutivo de esa misma Comisión, Patricio Basso, quien dijo que en diciembre de 2010, y mientras oficiaba como presidente subrogante de ese organismo, Díaz firmó la acreditación de la Universidad del Mar.
Según su denuncia, un mes más tarde, el mismo acusado firmó un contrato para “asesorar” a esa casa de estudios a cambio de $60 millones. La denuncia afirma que los pagos a Díaz además consideraban un bono adicional por cada año de acreditación que gestionara. En el caso de la Universidad Pedro de Valdivia, la operación fue por 45 millones. La asesoría buscaba orientarlos sobre qué debían hacer para estar en regla a fin de obtener la acreditación. Para explicarlo en simple, es lo mismo que si el dueño de un automóvil contratara las asesorías del concesionario de una planta de revisión técnica para que le deje el auto listo a fin de que, cuando lo lleve a revisar, apruebe el proceso sin problemas. ¿Podría el concesionario rechazar la revisión si él mismo lo asesoró para que la pasara? Ahí está el dilema, que de antiético puede pasar a ser ilegal. Eso es lo que indaga la fiscalía.
La historia de la Universidad del Mar y sus dudosos artilugios no es cuento nuevo. Es sabido que en diciembre de 2011 los administradores de esa casa de estudios vendieron la mayor parte de los edificios y del mobiliario educativo a dos sociedades controladas por los dueños de la misma universidad. Según el Centro de Investigación e Información Periodística, Ciper, sus propietarios pagaron 2 mil 123 millones, para adquirir dichas propiedades. Es decir, triangularon platas. Y mientras se pagaban a sí mismos abultadas cifras, mantenían una deuda de 600 millones de pesos con sus trabajadores y otra de 5 mil 500 millones con al menos dos bancos.
Fundada en 1989, esta casa de estudios ocupa uno de los últimos lugares del ranking chileno de universidades, y está en el lugar 18.803 a nivel mundial, de un total de 22.400 instituciones de todos los continentes. Para que se hagan una idea, en mayo pasado unos tres mil egresados de pedagogía de 49 instituciones de educación superior rindieron la llamada Prueba Inicia, que evalúa el nivel de formación y conocimiento de los futuros profesores. La Universidad del Mar fue la peor evaluada y el 94% de sus
egresados obtuvo un nivel “insuficiente”. Un mes más tarde, el ex decano y fundador de la Facultad de Medicina de la Universidad entre 2003 y 2007, Francisco Acevedo, denunció que los alumnos de Medicina tenían escasa preparación y que se titulaban sin haber asistido nunca a un parto ni a una actividad quirúrgica mayor. Dos años antes, el 48% de los alumnos reprobó el Examen Único Nacional de Conocimiento de Medicina, requisito esencial para que puedan ejercer en el sistema público.
Hace rato que los alumnos de la Universidad del Mar venían acusando irregularidades y descontrol financiero, además de otros problemas igualmente denigrantes como plagas de ratones, goteras y extrema pobreza material, todo derivado de la casi nula inversión de parte de sus dueños.
El problema es que este no es un caso puntual. La historia no se agota en estas dos universidades. La fiscalía a cargo del caso confirmó que Díaz recibió 290 millones de pesos en total por asesorías que realizó a otras cinco casas de estudios, justo después de pasar con éxito sus procesos de acreditación.
Los casos coinciden con las conclusiones a las que arribó la Comisión Investigadora sobre la Educación Superior de la Cámara de Diputados, según las cuales, el Estado falló en su rol como ente fiscalizador de los planteles. Esa indagación estableció que existían dos formas de lucro en al menos ocho planteles: por compra y venta de univer- sidades, y por la relación que tienen con sociedades inmobiliarias, también conocidas como sociedades espejo. Aunque el informe fue rechazado en la Cámara por 46 votos a favor de la oposición, 45 en contra de la Alianza y una abstención, bien valdría darle una nueva lectura.
El Gobierno ha enviado varios proyectos de ley que buscan corregir las múltiples falencias de un sistema que hace agua por varios lados. Propuso crear una superinten- dencia que facilite la fiscalización de las universidades y la instalación de una agencia que garantice la calidad educativa. Sin embargo, el proceso de acreditación también requiere cirugía mayor. De hecho, un informe de la Organización para la Coopera- ción y Desarrollo Económicos, Ocde, concluyó esta semana que “Chile necesita una solución de corto plazo a un problema de largo plazo” en esta materia. Recomienda que la acreditación sea obligatoria para todas las instituciones, y que si los planteles no la aprueban, deben ser puestos bajo revisión y pierdan la autonomía. Si después de un período no logran alcanzar la certificación, podrían perder su licencia para operar.
En un país donde estudiar cuesta, en promedio, un 40% de los ingresos familiares anuales, lo que se pide es lo mínimo. Que se garantice una educación de calidad y que lo que se acredite no sea una promesa, sino el cumplimiento cabal de ella. Lo mismo que han pedido desde hace dos años en las calles los movimientos universitarios. ¿A alguien le queda alguna duda de que lo denunciado por los estudiantes era cierto?
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