Fiscalía Sur cierra investigación por incendio en cárcel San Miguel

Por UPI

La Fiscalía Metropolitana Sur anunció el cierre de la investigación por las 81 muertes de reos en la cárcel de San Miguel la madrugada del 8 de diciembre de 2010.

La indagatoria a cargo del fiscal jefe de Puente Alto, Pablo Sabaj, completó la recopilación de todos los antecedentes para determinar la causa del deceso de los internos en el cuarto piso de la Torre 5 del penal de la zona sur de la capital.

El 28 de marzo del 2011 se desarrolló la audiencia en el Décimo Primer Juzgado de Garantía de Santiago, en el Centro de Justicia, donde se formalizó por cuasidelito de homicidio y homicidio por omisión a 8 gendarmes, entre oficiales y suboficiales por su responsabilidad en las muertes de los reos.

Entre los inculpados en servicio y ex oficiales, a quienes se les sindica como autores de los delitos de homicidio por omisión, cuasidelito de homicidio y lesiones reiteradas, figuran: José Alexis Hormazábal, Fernando Orrego, Francisco Riquelme, José Poblete, Patricio Campos, Jaime San Martín, Segundo Sanzana y Carlos Bustos.

José Hormazabal, Patricio Campos y Segundo Sanzana fueron formalizados por el delito de homicidio simple. Mientras que Francisco Orrego, Francisco Riquelme y José Poblete por homicidio simple y lesiones por omisión, por la responsabilidad de las 66 personas que murieron calcinadas directamente al interior del penal.

En el caso de Bustos y San Martín fueron formalizados por la muerte de 15 personas bajo los cargos de cuasidelito de homicidio y de lesiones reiteradas, pues sabiendo la deficiencia de la red húmeda del penal no tomaron las medidas de reparación adecuada.

 

Posteriormente, la Corte de Apelaciones de San Miguel señaló al darles la libertad a gran parte de los imputados que la figura penal que correspondía era la acción culposa de los ex funcionarios de Gendarmería y no el homicidio por omisión.

Por lo mismo y en un plazo de diez días se espera que el fiscal Sabaj acuse a los imputados y pida las penas que el Ministerio Público buscará sean ratificadas por los tribunales, donde algunos de los oficiales hasta arriesgan diez años de cárcel por estos hechos.

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