Columna de Juan Manuel Astorga y La Haya: "Cuando ser equitativo no sirve"

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No hay relaciones más fuertes que las que pueden tener discrepancias abiertas. La frase, publicada este fin de semana en la editorial del diario peruano El Comercio, intenta reflejar el ánimo con el cual las autoridades de ese país se están tomando el diferendo limítrofe marítimo con Chile. Conscientes de que fueron ellos quienes llevaron el caso hasta la máxima instancia judicial del mundo, la Corte de Justicia Internacional, CJI, desde Lima ahora buscan imponer un clima sereno para no alterar las relaciones bilaterales. Sea cual sea el fallo que a mediados del próximo año emita este tribunal, con sede en La Haya, Holanda, el fluido entendimiento entre los dos países seguramente se verá afectado. Por lo mismo, las autoridades, parlamentarios, empresarios y diplomáticos peruanos intentan persuadir a la población de la importancia de no aparecer como triunfalistas, aún si llegasen a ganar.
Exista o no una legítima convicción por parte del Perú de que tienen la razón, a Chile también le asiste la firme certeza de que sí existen fronteras nítidamente definidas a través de los tratados limítrofes de 1952 y1954. Bajo ese argumento es que se negó a iniciar negociaciones desde 1986, cuando Perú lo planteó formalmente por primera vez. Al margen de sus argumentos, sin embargo, entre nuestros políticos ronda la idea de que Chile podría perder algo.
Perú lleva al menos una década construyendo este caso. Chile, menos de tres años preparando su defensa. Y aunque los acuerdos son los acuerdos y el derecho es uno solo, las posibilidades de que la Corte se abra a conceder algo de lo que Perú reclama no parece descabellado. Los 12 últimos fallos emitidos por este tribunal dan cuenta que todos los países en litigio han recibido algo. Dicho de otro modo, nunca se ha fallado enteramente dándole la razón sólo a uno. En interpretación de no pocos expertos en la materia, la jurisprudencia de la Corte de La Haya se basa en el concepto de la equidad. Por lo mismo es que los abogados que representan al estado peruano han planteado en sus escritos como en los alegatos orales de esta semana que tanto la Declaración de 1947 como el Acuerdo de 1952 no cumplen con el elemento básico que debe tener un acuerdo de delimitación marítima: el de la equidad. Sin ir más lejos, ese mismo factor sí está presente respecto de la frontera marítima con Argentina, nuestro otro vecino en el Océano Pacífico.
Considerando la equidad como un ingrediente estratégico en las resoluciones de la corte de La Haya, es que se escuchó decir al ex Presidente y actual Senador Eduardo Frei que no nos serviría un fallo “salomónico”.
De argumentaciones chilenas hemos conocido bastante en estas semanas. Nuestra defensa, más allá de las frases hechas y repetidas hasta la saciedad, aparece como sólida y bien construida. La argumentación del equipo que defiende a Chile se basa en acuerdos reconocidos por el derecho internacional como tratados marítimos, en el permanente intercambio de notas entre Perú y Ecuador confirmando la interpretación histórica del acuerdo y en la Declaración de Santiago, que estableció la frontera marítima en forma completa y exhaustiva sin dejar áreas por delimitar. Tal como lo recordó ayer ante la Corte la representación chilena, el objetivo principal de esa declaración consistía en asentar política y jurídicamente la soberanía y jurisdicción.
Al contrario de la argumentación chilena, el equipo peruano fundó parte de su estrategia en enredar las cosas, fragmentando la historia a partir de piezas aisladas. Sin embargo y a pesar de ello, el riesgo de un fallo insatisfactorio para Chile está a la vuelta de la esquina, atendida la historia que nos ha enseñado en casos anteriores como ninguna de las partes recurrentes queda contenta, pues ninguna obtuvo todo lo que reclamaba.
Bajo la lógica anterior, hay varios aspectos a considerar. El primero es definir de antemano cómo enfrentar un escenario bilateral que se volverá complejo, a pesar de que los dos países insistan en tener miradas de futuro. El fallo, cualquiera que este sea, incrementará el desánimo y los roces.
Respecto de Chile, tendrá un componente adicional. Si las cosas no salen como se espera, tendrá un efecto político que podría permear justo en medio de la campaña presidencial. Es posible que la resolución se dicte justo cuando Chile esté enfrentando sus primeras elecciones primarias legalmente establecidas. No sería de extrañar que una eventual indignación social ante una sentencia adversa permee el clima político. Ni hablar de los costos para el Presidente Sebastián Piñera, quien si bien no fue parte de un proceso que se inició durante el anterior gobierno, podría terminar pagando los platos rotos.
Por último, una resolución contraria a las pretensiones chilenas daría cuerda y ánimo a Bolivia para embarcarse en la aventura de perseguir por el mismo camino peruano otra cuota de mar. Por más que Chile insista en que con La Paz no tenemos temas pendientes, un dictamen de La Haya desfavorable para nosotros podría dar pie para cualquier nueva interpretación de las cosas. Un tema que, por cierto, implicaría un llamado de atención para el resto de la comunidad mundial. Cuando ya no son necesariamente los militares sino los abogados los que defienden la soberanía, la sola idea de que los fallos no se ajusten a derecho sino que más bien pretendan ser “equitativos”, es algo que debe preocupar a todos, no sólo a nosotros.

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