Bolivia expropia administradora de aeropuertos y España avisa de posibles consecuencias

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La empresa Sabsa, filial de las españolas Abertis y Aena que administra los tres aeropuertos más grandes de Bolivia desde 1997, fueron exporpiadas por el presidente de ese país, bajo la acusación de haber hecho insuficientes inversiones.

 

En mayo pasado Evo Morales nacionalizó una filial de Red Eléctrica de España (REE) y en diciembre otras cuatro de Iberdrola (de las que todavía no ha habido una compensación económica), por lo que la expropiación de la empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa) es la sexta compañía hispana que pasa a manos del Estado boliviano en menos de un año.

 

“Venimos a emitir este decreto supremo para recuperar una empresa más para el Estado Plurinacional de Bolivia”, afirmó Morales, quien firmó el decreto, por el cual estipula que el ministerio de Obras Públicas de el país altiplánico asumirá el control de todo el paquete accionarial de Sabsa en representación del Estado boliviano.

 

Morales afirmó que “el ministro y los exministros de Obras Públicas negociaron con la empresa para que ellos puedan invertir y estos esfuerzos lamentablemente fueron en vano, no hemos podido entendernos, por eso esta decisión del decreto supremo de nacionalización”.

 

Y la respuesta española no se hizo esperar. El ministro de Asuntos Exteriores de ese país, José Manuel García-Margallo, advirtió a Bolivia de que la expropiación de la filial de la controladores de los puertos aéreos altiplánicos “tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales”, no descartando una respuesta por parte de la Unión Europea (UE).

 

García-Margallo, en declaraciones en una rueda de prensa en Bruselas, destacó que “es obvio que un movimiento de este tipo, una expropiación saltándose los procedimientos habituales y no respetando el principio de la indemnización requerida en caso de expropiación, tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales”.

 

El secretario de estado del gobierno hispano agregó que es un acto “no amistoso” y “que contrasta vivamente” con la actitud de España. Finalmente aseveró que se estudiará las posibles consecuencias “cuando tenga un conocimiento más exacto” de la situación.

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