Carlos Figueroa, Educación 2020."Superintendencia y lucro:otro desafío para Carolina Schmidt"

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El lucro en las universidades se ha tornado una situación insostenible. Tan insostenible que hoy hay miles de estudiantes que han sido arrojados a la calle y, como si fuera poco, hay 2 rectores (¡2 RECTORES!) formalizados por soborno, cohecho y lavado de dinero. El gobierno, por su parte, con la voluntad de subsanar la desregulación que llevó a estas situaciones, presentó en noviembre del 2011 un proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación Superior. El proyecto, sin embargo, avanza en una dirección completamente equivocada en cuanto a la regulación del sistema y la fiscalización del lucro, hoy prohibido por ley para las universidades, dejando abiertas las puertas para que continúe este circo.
Para entender la urgencia de realizar cambios sustanciales a este proyecto (vea aquí un resumen del proyecto) los invitamos a hacer un poco de memoria.  El proyecto tuvo su origen en las múltiples denuncias que los estudiantes y la opinión pública realizaron el año 2011: el anuncio de venta de la Universidad Central, las coimas que pagaban las universidades a personeros de la CNA para poder acceder a créditos y las evidentes transacciones millonarias que realizaban algunas instituciones con sus empresas relacionadas, comenzaron demarcar un diagnóstico que apuntaba a dicha desregulación del sistema.
Presionado por las circunstancias, el Gobierno presentó el proyecto de la Superintendencia. La promesa  era que la Superintendencia “regularía expresamente que las universidades, sean públicas o privadas, [para que] no puedan obtener utilidades, no puedan infringir la prohibición que las tiene reguladas como corporaciones sin fines de lucro”. Además, prometía una total transparencia, la entrega de información adecuada y la fiscalización de la calidad de la educación. El proyecto se enarboló como aquel que terminaría con la desregulación del sistema educativo superior.
Sin embargo, la promesa del Gobierno de una Superintendencia que termine con el lucro y regule el sistema no se cumplió. Pues, tal como está, la Superintendencia consolidará el lucro en las universidades, no empujará hacia una transparencia activa y perderá toda capacidad de controlar situaciones de grave riesgo como las que hoy ocurren en algunas universidaes.
En efecto, el  caso más paradigmático que demuestra la urgencia de la aprobación de una ley que fiscalice y sancione el lucro, entre otras cosas, es de la Universidad del Mar. Una universidad en la que, según el informe del Consejo Nacional de Educación, sus dueños lucraron con tal descaro que terminaron por hundir a la universidad. Vale la pena transcribir parte del informe que la condenaba a cierre definitivo:
“De las conductas analizadas se aprecia que quien tenía la posición de decidir por la Corporación, lucró en su beneficio particular y no decidió en función de los intereses de la Universidad. (…) La manera sistemática en que ello ha ocurrido y el gran perjuicio patrimonial que ha implicado a la Universidad, ameritan calificar esta situación como extraordinariamente grave.” (ACUERDO Nº 106/2012)
El caso de la Universidad del Mar es sólo la punta del iceberg. Hoy ya son 12 las instituciones investigadas por lucro por parte de la Fiscalía y el futuro de muchos jóvenes está en peligro por la falta de un sistema de educación que asegure el correcto uso de los recursos, de la información y de la calidad educativa. El Consejo de Rectores, por su parte, no ha dudado en criticar de “malos” los proyectos de educación que el gobierno tiene en tabla, incluido el presente proyecto.
En este contexto, en Educación 2020 creemos fundamental que la propuesta de Superintendencia tome un nuevo rumbo. Es necesaria la existencia de una institucionalidad que fiscalice y sancione a aquellas instituciones que no cumplan con la ley, que no cumplan con entregar una educación de calidad, que no informen a la comunidad educativa de sus estados financieros y adecuar la legislación para que, en caso de cierre, no se ponga en entredicho el futuro de los estudiantes. Es por ello que proponemos:
    •    Que el proyecto prohíba las operaciones con empresas relacionadas y que incorpore una facultad capacidad de la Superintendencia de fiscalizar y sancionar el lucro. El proyecto de ley actual consagra las operaciones con empresas relacionadas, mecanismo mediante el cual los dueños de instituciones han efectivamente lucrado.
    •    En segundo lugar, resulta fundamental que, en casos como los ocurridos en la Universidad del Mar, la Superintendencia pueda nombrar un Administrador Universitario Provisional que se aboque a la continuación del giro financiero y académico de las instituciones, lo que ayudaría a prevenir las desastrosas consecuencias de terminar con estudiantes en las calles o la reubicación sin éxito.
    •    Por otra parte, el mencionado proyecto debiese incorporar incentivos y nuevos mecanismos para generar una transparencia activa por parte de las instituciones.
    •    Por último,  creemos importante que en el largo plazo, como consta en la Hoja de ruta de “La educación que Chile necesita” de Educación 2020, todas las Instituciones de Educación Superior, incluidos los CFT y los IP y no sólo las universidades, adopten un modelo tendiente a terminar con el lucro.
 La Comisión del Senado propuso la generación de un proyecto sustitutivo para poder llegar a un acuerdo que avance en una verdadera regulación y fin del lucro. Dependerá de la nueva Ministra que esta demanda que posicionaron los estudiantes con las movilizaciones del 2011 hasta la fecha sean escuchadas e integradas a este nuevo proyecto.

Carlos Figueroa Salazar es Investigador de política educativa de la Fundación Educación 2020
 

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