Concejales UDI piden investigar actuaciones del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue

Por UPI

Concejales de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por Recoleta presentaron un escrito ante la Contraloría General de la República (CGR) a fin de que se indaguen una serie de antecedentes sobre presuntas irregularidades, en la que habría incurrido la actual administración municipal encabezada por el edil comunista, Daniel Jadue.

El documento oficializado ante el organismo fiscalizador por los ediles Ricardo Sáez, José Villarroel y María Inés Cabrera, da cuenta de tres situaciones en las que se habría faltado a la probidad administrativa.

Al respecto, los concejales detallan en la acusación que pudieron determinar el uso de establecimientos educacionales municipales para la realización de actividades político partidistas. “Enmarcada en el proceso electoral de este año, el 16 de marzo de este año se utilizaron dependencias del liceo Valentín Letelier para una ‘tallarinata’ a fin de reunir fondos para la candidata del PC por el distrito”, declaró Sáez tras la presentación en la CGR.

Agregó el representante del gremialismo que “nunca en la comuna de Recoleta se habían utilizado los recintos municipales, educacionales o de salud para la realización de actividades político partidistas, menos dentro de una campaña destinada a reunir fondos para utilizarlos a favor de la postulante del Partido Comunista en la zona”.

A su parecer, los hechos “son de la mayor gravedad porque estamos frente a una manifiesta utilización de recursos municipales de todos los recoletanos para una campaña política”.

Por otra parte, explicó que “pedimos a la Contraloría que se pronuncie respecto a si la autoridad comunal (alcalde Daniel Jadue) y los funcionarios involucrados cuentan con los permisos administrativos respectivos para participar en (la marcha estudiantil del 12 de abril) que no tiene nada que ver con las funciones para las cuales están contratados; y si además los funcionarios cuentan con las autorizaciones directas de sus jefes para participar en estas manifestaciones en horario de oficina”.

El tercer caso da cuenta de la entrega -según la denuncia- de una subvención por 12 millones de pesos al Centro Cultural La Chimba. Los concejales de la UDI acusaron al jefe comunal de haber mantenido una vinculación directa con el recinto.

“Hoy claramente mantenemos nuestras aprensiones de que él sigue manteniendo algún grado de control sobre el recinto. Es la subvención más grande que se ha entregado a una organización de este tipo; y además la semana pasada le entregó el comodato de más de la mitad de un colegio para la realización de actividades de este mismo centro cultural”, expresó Sáez.

En tanto, la concejal María Inés Cabrera dijo que “le estamos solicitando a la Contraloría que se pronuncie respecto a un conflicto de interés. Se está contraviniendo principio de probidad pues hemos podido determinar que se está interviniendo en asuntos donde se tiene interés personal”.

Agregó que “el alcalde fue director de este centro cultural. Incluso él, cuando estuvo al mando, recibió beneficios para este recinto de las administraciones anteriores, por lo que en esta votación debió haberse inhabilitado”.

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