Columna de Juan Manuel Astorga: "Vuelo sin escala"

Por Juan Manuel Astorga: Conductor y Editor de Radio Duna

No son triviales los fundamentos del conflicto que por estos días enfrenta a la aerolínea LAN con el gobierno de Argentina. La administración de la presidenta Cristina Fernández decidió dar por terminado “en forma anticipada y unilateral” el contrato que la empresa de capitales chilenos y brasileños tenía firmado con el aeropuerto de Aeroparque desde 2008. Ese contrato está vigente hasta julio de 2023, pero con esta determinación, quedaría nulo de golpe. Para la compañía, la decisión los remece porque ya habían invertido más de 5 millones de dólares en la construcción de un hangar para la operación interna de sus aviones. Pero hay algo mucho más grave que perder esa suma. La resolución de la Casa Rosada implicaría tener que dejar de volar a los 14 destinos que la compañía cubre en ese país. El gobierno transandino ha dicho que la empresa puede seguir volando sin problemas, pero que tendría que trasladar todas sus operaciones al otro aeropuerto bonaerense, el de Ezeiza. A la aerolínea el negocio no le resulta nada de rentable, porque dicen que ese terminal está colapsado y, peor aún, que para llegar a él los pasajeros se tardan una hora y media, tres o cuatro veces más que lo que demoran en llegar a Aeroparque. Nadie que quiera realizar un vuelo dentro de Argentina se tomaría la molestia de demorarse más en llegar al aeropuerto que lo que tomaría el vuelo en sí mismo. Ezeiza está en las afueras de la capital. En la práctica, la determinación argentina le podría significar a LAN tener que dejar de realizar los vuelos de cabotaje y dejar a ese país sólo como destino de traslados internacionales. 

Del lado argentino, la argumentación no resulta del todo descabellada. Dicho en simple, han explicado que Aeroparque está saturado y que necesitan más espacio para el crecimiento de Aerolíneas Argentinas, de propiedad del Estado. ¿Por qué? Porque consideran darle al mercado aeronáutico local una distribución más proporcional y porque esa línea aérea conecta a 35 ciudades dentro del país y no solamente las rutas más rentables, que sería lo que a su juicio está haciendo LAN. 

La aerolínea estatal argentina fue expropiada hace algunos años al grupo español Marsans. Desde entonces, ha sido deficitaria en miles de millones de dólares. En jerga económica, no ha podido “despegar”. ¿Por qué entonces la mantienen? Precisamente porque consideran necesario contar con una aerolínea estatal que garantice que algunos viajes que unen a Argentina, se sigan realizando aún cuando no sean comerciales. Su lógica es que “no existe la integración sin la aviación”, como alguna vez argumentó el gobierno del fallecido presidente Néstor Kirchner. Lo que pretenderían ahora sería devolverle competitividad a la línea aérea, recuperando de una forma muy sui generis el mercado que lidera LAN al otro lado de la cordillera.

Aunque la compañía chileno-brasileña (hoy llamada LanTam) apeló a la medida y la Justicia argentina acogió el recurso, lo que paralizó por ahora el desalojo del hangar, el riesgo de tener que abandonar Aeroparque sigue estando presente.

El fondo del asunto es mucho más complejo que una mera disputa comercial entre una empresa y el estado argentino. Al gobierno de Cristina Fernández se le acusa de poco tino en el trato de sus relaciones internacionales y de descuidar (sino despreciar) las inversiones extranjeras. Ya tuvo problemas con la expropiación de la petrolera YPF, en 2012. En ambos casos, a pesar de la ausencia total de tacto y diplomacia, subyace una razón que merece ser mirada detenidamente.

Como ya lo han hecho otros países latinoamericanos, el estado de Argentina quiere recuperar el control de ciertas áreas claves de su economía para otorgarle nuevas fuentes que generen recursos. El discurso no es nuevo y, de hecho, no se aleja tanto del que incluso algunos candidatos presidenciales han planteado en Chile en los últimos meses. Varios de ellos han señalado la necesidad de que nuestro país renacionalice los recursos naturales como el agua y el cobre, para dotar al Estado de más ingresos. En la síntesis de la línea argumental, lo que se esgrime es que resulta impresentable que privados lucren con algo que es de todos. 

No es la primera vez -y de seguro tampoco será la última- en que Argentina desconoce contratos firmados con Chile. Ya ocurrió con el gas y con el acuerdo de doble tributación entre ambos países. Y si bien cada episodio ha tenido argumentos argentinos comprensibles, las formas poco elegantes que han tenido para tomar decisiones unilaterales terminan por empañar una relación vecinal que debiera ser mucho más cordial. Digamos que no contribuye a ese fluido entendimiento el hecho de que Chile aún no haya designado al embajador en Buenos Aires tras el fallecimiento, en febrero pasado, de Adolfo Zaldívar. Pero esa poca premura administrativa chilena en ningún caso justifica la desidia de trato que el gobierno de la Presidenta Fernández ha tenido para con nuestro país en los últimos años. 

Sus razonamientos para tomar las decisiones sobre LAN, el gas u otras, pueden ser entendibles. Lo que no se entiende es por qué se opera con la lógica de los hechos consumados en lugar de buscar una negociación satisfactoria. No se construye amistad cuando no se honra la palabra empeñada. Tampoco cuando se irrespetan contratos. Pero mucho menos, cuando se toman decisiones parciales y de forma agresiva y sin posibilidad de escala.

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