El clan Pinochet, una familia bajo la lupa del juez en busca del anonimato

Por EFE

Desde el desempeño de cargos públicos de baja relevancia hasta un pretendido anonimato, los integrantes de la familia de Augusto Pinochet han vivido bajo la lupa de los jueces desde que murió el dictador en 2006, aunque han salido airosos del “caso Riggs“.

Los líos judiciales y algún que otro escándalo familiar han marcado los últimos años del clan Pinochet, que ha visto como los tribunales embargaban propiedades y bienes del general, que acumuló una fortuna de más de 20 millones de dólares, la mayor parte sin justificación contable.

A 40 años del golpe de Estado que encabezó Pinochet, el núcleo duro de la familia sigue formado por Lucía Hiriart, su viuda, de 90 años, y los cinco hijos del matrimonio, tres mujeres y dos varones.

Todos recibieron con alivio hace poco más de un mes la sentencia del juez Manuel Antonio Valderrama, que cerró la investigación sobre las cuentas secretas de Pinochet en bancos extranjeros con el procesamiento, únicamente, de seis militares retirados.

La indagatoria se inició en 2004, aún vivía Pinochet, después de que una subcomisión del Senado de Estados Unidos revelara la existencia de cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras.

Al morir, en diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado en el llamado “caso Riggs” por fraude al fisco y falsificación de pasaportes y se le había retirado el fuero (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos.

El momento más peliagudo para su familia llegó un año después, en 2007, cuando el juez Carlos Cerda, el segundo a cargo del caso, procesó a 23 familiares y colaboradores del fallecido dictador (1973-1990) por malversación de caudales públicos.

Sin embargo, un mes después la Corte Suprema revocó 15 de los procesamientos, entre los que figuraban los de la viuda del dictador y sus cinco hijos.

Los familiares de Pinochet se han esforzado por cultivar un bajo perfil y mantenerse alejados de las cámaras, aunque algunos no han podido evitar convertirse en el centro de la noticia.

Una de las figuras más controvertidas es la de Augusto Pinochet Hiriart, el mayor de los dos varones. Exmilitar y empresario, se ha visto envuelto en negocios considerados turbios que le han acarreado varios problemas legales.

A principios de este año fue procesado por fraude al emitir cheques y en 2010 fue sobreseído del caso de los “Pinocheques”, dinero que el Ejército giró a nombre de Pinochet Hiriart, ya que la Justicia determinó que los recursos no terminaron en las cuentas bancarias de su padre.

En otro orden, Augusto Pinochet Molina, uno de los hijos de Pinochet Hiriart, fue dado de baja del Ejército en 2006 tras pronunciar un polémico discurso en el funeral de su abuelo en el que ensalzó el “legado” del régimen militar.

Otra figura del clan es Lucía Pinochet Hiriart, de 69 años, la primogénita del general. En las elecciones municipales de 2008 fue elegida concejala en Vitacura, un acomodado barrio en el noreste de la capital, cargo que ocupó hasta el año pasado.

Rodrigo García Pinochet, uno de los hijos de Lucía, también probó suerte en la política y se presentó como candidato a diputado en los comicios de 2009.

El nieto del dictador, que acompañaba a su abuelo cuando éste salió ileso de un atentado en 1986, acudió a los comicios como independiente y no logró votos suficientes.

El resto de la familia ha tenido menos visibilidad pública. La viuda, Lucía Hiriart, vive recluida en el domicilio familiar del lujoso barrio santiaguino de La Dehesa.

Poco se sabe también de María Verónica Pinochet, otra de las hijas, y de Marco Antonio Pinochet, de 56 años, el menor de los varones, que se ha dedicado a los negocios.

Jacqueline Pinochet, de 53 años, es la hija menor del general. Según varias biografías, era la predilecta. Se ha casado y divorciado tres veces. Tiene nueve hijos y un nieto, y reside en Miami donde, al parecer, ha iniciado una nueva relación sentimental.

Toda la parentela de Pinochet ha defendido a capa y espada su inocencia y la del dictador durante años. Hasta ahora, han conseguido librarse en el caso Riggs.

Pero el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha anunciado que no renunciará a recuperar los casi 18 millones de dólares que durante la dictadura pasaron a engrosar el patrimonio familiar sin justificación legal. 

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