Humberto Santos,Gregory Elacqua,Matías Martínez: Escuelas bajo presión

Por Humberto Santos,Gregory Elacqua,Matías Martínez

Durante las últimas semanas se ha producido un intenso debate sobre la ordenación de establecimientos que implementará la Agencia de Calidad de la Educación durante este año, debido a que ésta tendrá consecuencias directas sobre las escuelas. La más drástica es la posibilidad de que un establecimiento pierda su financiamiento público, en el caso de haber permanecido en la categoría de desempeño “Insuficiente” durante cuatro años consecutivos. Por otro lado, la categoría en que es clasificada la escuela determinará la frecuencia de las visitas evaluativas que realizará la Agencia y finalmente, la difusión de la ordenación hacia los padres busca influir en la elección escolar de las familias.
 
Los defensores de esta medida argumentan que la presión que ejercen las potenciales sanciones sobre las escuelas de bajo desempeño las llevará a implementar innovaciones en sus políticas y prácticas docentes, con el objetivo de incrementar su productividad y, de esta forma, mejorar el desempeño de los estudiantes. Por otro lado, de acuerdo a sus críticos, dicha presión generará cambios indeseados al interior de los establecimientos, los cuales no necesariamente están asociados con mejoras reales de los aprendizajes. La respuesta final de cada escuela dependerá, en última instancia, de la forma en que los directivos y docentes internalicen dicha presión.
 

La experiencia de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) es clave para anticipar algunos efectos potenciales de esta política pública. En una investigación reciente, financiada por PREAL, evaluamos el efecto de la clasificación SEP en las políticas y prácticas docentes de las escuelas de bajo desempeño (“En Recuperación”)—las cuales están sometidas a las mismas presiones que enfrentarán las escuelas con desempeño “Insuficiente”—6 meses después de conocer su clasificación. Los resultados sugieren que dichos establecimientos enfrentan una tensión entre políticas que influyen en los resultados académicos de corto plazo versus aquellas que tienden a operar en plazos más largos. Específicamente, haber sido clasificadas como “En Recuperación” lleva a las escuelas a utilizar menos la capacitación docente y a implementar tutorías focalizadas en los estudiantes de bajo desempeño. Adicionalmente existe evidencia de que estas escuelas reasignan a los docentes de mayor experiencia y mejor formación inicial a cuarto básico, el único nivel considerado en la clasificación SEP actual.

En relación a las prácticas docentes no encontramos efectos significativos, lo que sugiere que los cambios han sido implementados desde la dirección de la escuela, sin involucrar a los docentes en el proceso. De hecho, sólo 1 de cada 3 docentes conoce la clasificación de su escuela.
 

Estos resultados son consistentes con el diseño de la ley SEP, ya que ésta establece plazos acotados a las escuelas para mejorar. La pregunta por lo tanto es cómo diseñar una política que evite esta tensión entre políticas de corto y largo plazo y que permita involucrar a los docentes en el proceso de mejora. A partir de nuestros resultados hacemos las siguientes recomendaciones, las que aplican tanto a la Ley SEP como a la futura ordenación de establecimientos de la Agencia:
 
1.       Considerar un período más largo para mejorar: Los plazos actuales no están alineados con el objetivo de generar cambios de largo plazo que desarrollen capacidades permanentes en las escuelas (ej. capacidad de gestión de directivos, habilidades pedagógicas de los docentes, vínculos con la comunidad). Por ejemplo, en EE.UU las escuelas tienen un plazo de 6 años antes de llegar a medidas duras como su reestructuración o cierre.

 2.       Incorporar las evaluaciones de otros niveles distintos a cuarto básico: Considerar los resultados SIMCE de un nivel específico puede generar incentivos perversos al interior de las escuelas, por ejemplo la reasignación de docentes.

 
3.       La metodología de clasificación debería considerar estándares absolutos y no relativos como los que utiliza actualmente la clasificación SEP para determinar las categorías.

 4.       Debe haber certeza de que los resultados SIMCE usados para clasificar a las escuelas son posteriores al momento en que fueron clasificadas como de bajo desempeño. Por ejemplo, bajo el diseño actual de SEP, el año 2015 las escuelas que cumplen cuatro años “En Recuperación” pueden enfrentar el cierre, pero la clasificación de ese año considerará los resultados SIMCE 2011, 2012 y 2013. Sin embargo, los resultados del SIMCE 2011 son previos a que la escuela supiera que estaba en la categoría de bajo desempeño.

 5.       Finalmente, en el diseño actual, las visitas de la Agencia sólo tienen un objetivo de diagnóstico. Creemos que es importante que la información recopilada en las visitas juegue un rol en la definición de las medidas concretas que se apliquen en las escuelas. Además de la disponibilidad de alternativas cercanas, las evaluaciones cualitativas sobre las capacidades internas de las escuelas deben ser consideradas en la decisión de cierre. En el sistema británico por ejemplo, las visitas aportan información complementaria a las pruebas estandarizadas, la cual influye en las intervenciones.

 

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