La polémica tuvo lugar hace un año y medio en el ex Congreso Nacional. Un grupo de manifestantes secundarios y ambientalistas irrumpió en el lugar durante una sesión de trabajo entre parlamentarios y un ministro de Estado. Hubo minutos de tensión ante un eventual desborde de violencia física. Aún así, el entonces presidente del Senado, Guido Girardi, decidió no solicitar el desalojo de la sede. Posterior al episodio, el debate se centró en si se debió haber castigado al legislador con su destitución del cargo dentro de la Cámara. Se dijo que, con su obstinación, Girardi debilitó a un poder del Estado. Argumentando que él siempre ha sido partidario del diálogo, con su actitud lo que hizo fue precisamente lo contrario: anular la única posibilidad de que todas las partes del conflicto educacional se sentaran a conversar. La toma obligó a suspender el encuentro. Más allá de eso, para muchos abrió una puerta que garantizaba que, ante una futura toma del Senado, él no pediría su desalojo. Con su actitud rebajó al Congreso, estamento que en éste y otros conflictos debe ser parte de la solución y no del problema. Como sea, la cosa quedó ahí. No hubo sanción política. Lo que se aguardaba entonces, era un castigo penal. No para Girardi pero sí para los que se tomaron el edificio. El episodio pasó a tribunales, cuya resolución sin embargo terminó siendo aún más controvertida que el incidente mismo.
En su momento, el Ministerio Público inició una investigación para identificar y acusar a los culpables de la transgresión legal. Tras casi dos años de indagatorias, el fiscal a cargo de las pesquisas optó por proponer al tribunal una suspensión provisional del procedimiento. Este mecanismo se utiliza cuando la condena de cárcel no aparece como un castigo eficiente. En el caso de los imputados, arriesgaban 200 días de presidio remitido, es decir, una condena muy poco útil para su objetivo. No habrían ido ni un solo día a prisión y la cosa habría quedado en prácticamente nada. En cambio, la suspensión provisional del procedimiento permite “permutar”, por así decirlo, esa condena por otra que tenga algún sentido real. Se propuso que los acusados participaran de una campaña de acción social. Y aquí viene lo sorprendente. Eligieron realizar charlas a favor de la campaña “Marca tu voto”, que fomenta que los electores escriban la sigla AC (asamblea constituyente) en las papeletas de votación el próximo 17 de noviembre. El juez no sólo aceptó la idea, sino que agregó que “ellos han elegido apoyar la campaña de ‘Marca tu voto’ por la asamblea constituyente como vía para superar la institucionalidad heredada de la dictadura”.
La solución se convirtió en un contrasentido insólito. Aunque la iniciativa del “AC” es legítima, está inserta en una demanda política de quienes exigen la realización de un plebiscito para redactar una nueva constitución, una de las cosas que los imputados fueron a exigir con su toma en el ex Congreso. De hecho, es parte de la campaña de uno de los formalizados. Es decir, el fallo no sólo no lo castiga, sino que le otorga todas las facilidades del caso para promover lo que demandó en su momento con la toma.
Al margen de la opinión personal contenida en la frase del juez respecto a la “institucional heredada de la dictadura” (lo que denota su falta de prescindencia política, algo que está obligado a tener), el magistrado implícitamente cuestiona la Constitución vigente, la misma por la que debe regirse para administrar justicia. Para colmo, la conclusión del fallo pone en jaque la actual legislación sobre votaciones populares y escrutinios, que no tiene margen para contabilizar cuántos votos fueron marcados con la sigla, algo que los acusados están exigiendo se haga en las próximas elecciones.
El Ministerio Público anunció un sumario y, por ahora, la suspensión provisional del procedimiento quedó en veremos. Está por verse si impondrá alguna sanción al juez y, de haberla, esperemos que no sea alguna que lo favorezca, como el premio que recibieron los manifestantes. ¿Pensará ahora Girardi que a lo mejor nada de esto estaría pasando si hubiera ordenado el desalojo cuando correspondía?
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