De todas las promesas formuladas por el Presidente Sebastián Piñera durante su campaña electoral, una de las que más le pesa no haber podido cumplir en su mandato es la de poner “candado a la puerta giratoria” en materia de delincuencia. En su interpretación, los malhechores salen libres con mucha facilidad y esa sería, a su entender, la causa que impide disminuir la ocurrencia de crímenes y fechorías.
Asumiendo que la delincuencia es siempre el principal tema de preocupación ciudadana, prometer combatirla aparece siempre como una oportunidad atractiva.
Siguiendo los pasos del actual mandatario, la candidata de su sector, Evelyn Matthei, anunció que en un eventual gobierno suyo creará un Observatorio Judicial, algo así como una plataforma donde se dé a conocer toda la información de los fallos de los jueces, de manera de observar y medir su comportamiento y el tipo de fallos que realizan. La propuesta pretende generar un sistema de seguimiento permanente de las resoluciones que adopte cada magistrado, detallando los argumentos, los antecedentes aportados por las policías y lo que estipula la ley en cada caso. La idea prendió rápido en La Moneda, y el Presidente Piñera la hizo suya, anunciando que intentaría ponerla en marcha desde ahora.
El razonamiento central para instaurar este observatorio es la necesidad de “transparencia”, en el entendido de que todo ciudadano tiene derecho a saber cómo deciden los jueces, dando a entender que esa información no está disponible, lo que en estricto rigor, es falso. De acuerdo al Mandatario, la iniciativa “tiene un solo objetivo, que es saber en qué están nuestro jueces, igual que como hoy día los ciudadanos tienen derecho a saber a través de la ley de transparencia qué hace el Jefe de Estado y los parlamentarios a los que dieron su voto”.
La idea de un observatorio financiado por el Gobierno entra en choque directo con la independencia que deben tener los tribunales. Una instancia de estas características puede interpretarse como una abierta intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, ya que Chile asegura la división entre uno y otro.
Dicho por la propia Matthei, este estamento tendría la facultad de revisar “qué jueces están fallando con criterios claramente inapropiados”. “La idea es que este organismo independiente esté monitoreado por abogados, sociólogos e ingenieros que puedan ir viendo cuáles son los patrones que se dan en esta materia, cuáles son las fallas, de tal manera que haya un control social sobre nuestra judicatura”.
En rigor, el observatorio se convertiría en un mecanismo paralelo para evaluar si los jueces están haciendo bien o mal su pega, pero basado en criterios subjetivos como, por ejemplo, considerar si algunos de ellos son demasiado garantistas o se inclinan por no dictar prisión a la primera. Esa evaluación, además de subjetiva, quedaría a cargo de otro poder del Estado, lo que la convertiría en inconstitucional. Los jueces ya tienen un mecanismo para evaluar si sus resoluciones se ajustan a derecho. Un sistema paralelo, administrado políticamente, podría convertirse en un arma peligrosa, porque podría ser utilizado para enjuiciar públicamente a los magistrados que no resuelvan en función del interés que tenga el gobierno de turno en determinadas causas. Peor aún, ese mismo observatorio podría ser usado como artilugio para estimar y tasar el criterio que están utilizando los jueces en sus fallos antes de decidir si serán promovidos dentro del Poder Judicial. Esa promoción pasa por el poder ejecutivo y, por lo mismo, podría condicionar a los jueces a fallar a favor del interés de tal o cual administración únicamente para obtener un ascenso.
No se equivocó el presidente subrogante de la Corte Suprema, Milton Juica, cuando calificó la iniciativa como posiblemente “ilegal, inconstitucional y una abierta intromisión a la independencia de los jueces”.
Aún cuando esta semana el Gobierno indicó que será la Universidad Adolfo Ibañez la encargada de ejecutar el Observatorio Judicial y que será financiado con recursos de la propia casa de estudios, subyace la idea de que el observatorio sería usado por el Poder Ejecutivo para brindar publicidad a los fallos, invitando así a la ciudadanía a convertirse en juez de los propios jueces. De esta forma, los magistrados pierden toda independencia, dado que bastaría una mínima señal de La Moneda para que sentencias en un determinado sentido sean evaluadas según el criterio del Ejecutivo. Dicho en simple, fallos ajustados a derecho podrían ser interpretados como erróneos o derechamente ilegítimos.
Vale preguntarse, primero, si tiene algún sentido que el Gobierno pretenda contar con un órgano que observe los fallos, cuando estos ya están a la vista, dado que las audiencias son públicas. Es legítimo preguntarse también si con iniciativas como ésta lo que se pretende es transferir a terceros la responsabilidad por no haber conseguido cumplir la promesa de disminuir notoriamente los actos delictuales y la percepción de inseguridad pública. ¿Los malos resultados son culpa de jueces que han resuelto conforme a derecho o porque la estrategia de seguridad ciudadana prometida no ha funcionado? ¿Es por culpa de magistrados que no saben aplicar las leyes o más bien porque éstas son insuficientes y mal redactadas? Aunque la transparencia siempre es buena, culpar a terceros de errores propios y promesas incumplidas puede ser peligroso, más si lo que se poner en riesgo con anuncios de esta índole es la independencia de un poder del Estado cuya misión es aplicar el derecho, no importando si su razonamiento le da o no en el gusto al gobierno de turno.
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