Matías Covarrubias: Del dicho al hecho con los derechos

Por Matías Covarrubias

La gratuidad universal en la educación superior se ha instalado en los últimos años como uno de los bastiones de la revolución educativa, promovida no sólo por el movimiento estudiantil sino también por Michelle Bachelet, quien la nombra como una de las inamovibles políticas de mediano plazo de su eventual programa de gobierno. La lógica detrás de financiar la educación superior de pobres y ricos se seguiría de entender la educación como un derecho de todos y que, por lo tanto, debe ser garantizado por el Estado para la sociedad completa. Por bonito y lógico que suene, tomarse en serio esta línea de pensamiento nos obliga a generalizar y admitir que la educación no es el único ni el más importante de los derechos. ¿Acaso no existen en nuestro país vulneraciones a los derechos más importantes que las que sufre un joven de ingresos altos cuando se ve obligado a pedirles a sus padres que paguen por su educación universitaria? En vista de esto, cabe preguntarse cuál sería el costo para el país de garantizar el derecho de estudiar gratis hasta los 23 que tendrían también los ricos.

Utilizando supuestos de estimación conservadores,  financiar la educación superior de los estudiantes pertenecientes al 40% de mayores ingresos de la población costaría alrededor de 805 millones de dólares, esto considerando que sólo se financia a estudiantes pertenecientes a universidades del CRUCH, las cuáles hoy cumplen con el requisito impuesto en el programa de Bachelet de tener un claro rol público y acogerse a las medidas de equidad en el acceso. Si la educación superior fuera realmente gratis para todos  (no sólo para quienes logran entrar a las universidades que cumplen con los requisitos impuestos) el número se triplicaría aproximadamente.

Como se aprecia en la Figura 1, si decidiéramos como sociedad resistirnos de la belleza que emerge de una educación superior gratuita para todos, con ese dinero podríamos empezar a pensar que tenemos una oportunidad de sacar a los miles de compatriotas que viven en exclusión de los infiernos que viven a diario, y de pasada garantizar derechos ya no sociales (que nacen de una decisión social de establecer garantías mínimas) sino humanos. 

¿Vale  el derecho a la educación superior de los ricos más que el derecho de los niños en situación de vulnerabilidad de vivir alejado de la violencia y a soñar con un futuro? Hoy en día la paupérrima situación del SENAME representa una de las heridas más grandes que tenemos como país y aún así la crisis de financiamiento de los hogares se agudiza (en los últimos tres años ya se han cerrado cerca de 80 hogares).

Fuente: Ley de Presupuesto 2014 que se tramita en el Congreso y cálculo propio a partir de estudios de   Horizontal para la primera columna.

Fuente: Ley de Presupuesto 2014 que se tramita en el Congreso y cálculo propio a partir de estudios de Horizontal para la primera columna.

En tiempos de holgura es importante recordar siempre que nuestra riqueza es aparente, mientras que las diversas y frustrantes expresiones de nuestra pobreza como sociedad siguen escondidas y silenciosas. La disparidad en nuestra disposición a financiar políticas públicas que se retrata en la Figura 1 muestra que quienes sufren de vulneraciones de derechos esenciales no tienen voz, ni poder, ni tiempo para gritar y organizarse. La lógica de sus derechos no es defendida por ningún líder estudiantil.  Nuestra generación tiene una posibilidad histórica de acabar con la exclusión y la miseria en Chile, pero para esto se requiere un compromiso con la realidad que supere el compromiso con las consignas y banderas. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Del hecho al dicho hay menos.

Contenido Patrocinado
Loading...
Revisa el siguiente artículo