Dictan la primera condena indemnizatoria contra el fisco por una muerte en el tsunami del 27/F

Por UPI

La Tercera Sala de la Corte Suprema condenó al Fisco a pagar una indemnización total de 55 millones de pesos a los familiares de unas de las víctimas del tsunami que azotó las costas de la Región del Bío-Bío la madrugada del 27 de febrero de 2010.

El fallo ordena el pago a la cónyuge, hijos y nieto del jefe del grupo familiar, Mario Segundo Ovando Garcés, quien falleció en el Hospital Las Higueras de Talcahuano por las heridas provocadas por el tsunami que afectó esa bahía.

En fallo dividido, los ministros de la Sala Constitucional del máximo tribunal del país Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Carlos Cerda y el abogado integrante Jorge Lagos determinaron que el Estado es responsable por la muerte de Ovando Garcés, quien falleció el 2 de marzo de ese año a consecuencia de una asfixia por inmersión. 

La sentencia, que acogió un recurso de casación planteado por los demandantes en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción y el Tercer Juzgado Civil de Concepción que habían rechazado la demanda, determinó que se produjo responsabilidad del Fisco pues la víctima y su grupo familiar permanecieran en su casa, ubicada en la población Santa Clara, luego de escuchar al intendente regional en una emisora local afirmando que no se corría riesgo de tsunami.

En el fallo, los ministros de la mayoría apuntan que “los antecedentes de hecho –terremoto, permanencia de los Ovando fuera de su domicilio, entrevista radial del Intendente, decisión de permanecer en el lugar por tales personas y tsunami- la relación causal resulta indiscutida, por cuanto según se ha dicho, la entrevista radial del Intendente varió el ánimo de los Ovando de incertidumbre a tranquilidad, por lo cual al producirse la salida de mar fueron sorprendidos en la confianza de estar seguros. Un ejercicio recomienda la doctrina para determinar la concurrencia de la relación de causalidad entre el hecho en que se sustenta la responsabilidad, el que se imputa a la autoridad, esto es los términos tranquilizadores de la situación y el daño, la muerte de Mario Segundo Ovando Garcés, cual es la supresión lógica del hecho imputado. En el evento que el daño no se produzca existe relación de causalidad, por el contrario si ese daño igualmente se origina no se da esta vinculación (…) la familia Ovando solamente permaneció en el lugar producto de la tranquilidad encontrada en las palabras del Intendente, de lo contrario permanecerían en la incertidumbre que los llevaría a adoptar otra conducta. Así el daño no se produciría. La relación de causalidad está establecida, conclusión a la que puede llegar esta Corte por tratarse de un aspecto de Derecho, sustentado en los hechos acreditados”, dice el fallo de mayoría.

La resolución se determinó con el voto en contra de los ministros Carreño y Pierry que consideran que no hubo responsabilidad del Fisco en los hechos por no existir infracción de ley en lo decidido en primera y segunda instancia. 

“Que la sentencia impugnada estimó que no existía prueba suficiente ni idónea que permitiera sostener, por una parte, que los demandantes y quien falleciera se encontraban el día 27 de febrero de 2010 en su domicilio de la Población Santa Clara y que allí hubiesen sido atrapados por las olas que inundaron ese sector, y por otra, que cualquiera de ellos había efectivamente escuchado el aludido mensaje radial de la máxima autoridad regional. En consecuencia, no existiendo prueba que satisficiera la carga procesal de demostrar tales sucesos –sobre los cuales precisamente descansaba la pretensión resarcitoria- los jueces de la instancia resolvieron desestimar la demanda”, opinan los disidentes.

El fallo determina que se debe pagar $ 20.000.000 (veinte millones) a María del Carmen Valenzuela Flores (cónyuge); $ 10.000.000 (diez millones de pesos) para Roberto Mauricio Ovando Valenzuela (hijo); $ 10.000.000 (diez millones de pesos) para Mario Esteban Ovando Valenzuela (hijo); $ 10.000.000 (diez millones de pesos) para Paulina Isabel Ovando Valenzuela (hija) y $ 5.000.000 (cinco millones de pesos) para Álvaro Andrés Muñoz Ovando (nieto).

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