El ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Leopoldo Llanos, se reunió con familiares de víctimas del denominado “Caso Caravana de la Muerte-Episodio Calama” para dar cuenta de los informes periciales integrados, remitidos por el Servicio Médico Legal, asociadas a las 26 personas ejecutadas en la ciudad minera nortina el 19 de octubre de 1973, cuyo proceso criminal lo investiga la ministra Patricia González.
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El jueves 30 de enero, en Santiago, y este viernes 31 de enero en dependencias del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama, el magistrado se reunió con familiares para dar a conocer resultados de nuevos procesos de identificación.
Leopoldo Llanos procedió a notificar los resultados de los informes genéticos respecto de cinco víctimas reconocidas científicamente: Carlos Alfredo Escobedo Caris, Hernán Elizardo Moreno Villarroel, Carlos Berger Guralnik (esposo de la abogada Carmen Hertz), Mario Argüelles Toro y Luis Alfonso Moreno Villarroel.
Los restos de las personas asesinadas fueron encontrados en 1990, en una fosa ilegal al norte del kilómetro 16 y medio del camino a San Pedro de Atacama.
Las pericias iniciales establecieron que correspondían a sujetos diferentes, con una data de muerte anterior a 1975; y que, conforme a las estructuras óseas, eran odontológicamente mayores de 12 años.
Se señala también en el proceso, que dichos restos fueron inhumados sufriendo un proceso de sepultación de más de 10 años, y que hubo exhumación de casi la totalidad de los restos, quedando en el lugar solo un escaso remanente de ellos.
Con estas nuevas diligencias exitosas, se llega a un total de 18 víctimas identificadas, de un total de 26 cuerpos encontrados.
La Comisión Rettig se formó convicción de que todos ellos “fueron ejecutados al margen de la ley, con crueldad y ensañamiento, hecho ilícito de responsabilidad de agentes del Estado”.
El caso del militante comunista Carlos Berger, pareja de la abogada Carmen Hertz es uno de los más reconocidos por distintas piezas audivisuales que recrean su historia. De 30 años de edad al momento de su detención, periodista y abogado, era director de la Radio El Loa y jefe de Relaciones Públicas de Chuquicamata. Fue detenido el 11 de septiembre en las dependencias de Radio Loa, sometido a Consejo de Guerra el 29 de septiembre y condenado a 60 días de prisión. Al momento de su ejecución se encontraba cumpliendo su condena.