[FOTOS] Jackson encabeza manifestación contra beneficios carcelarios a culpables en el Caso Degollados

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El diputado independiente por Santiago Centro, Giorgio Jackson encabezó hoy una manifestación de protesta por los beneficios carcelarios a dos de los culpables en el “Caso Degollados”, ocurrido en 1985 y en el que 3 militantes comunistas (Santioago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero)  fueron asesinados por oficiales de Carabineros.

Actualmente, dos de los condenados Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro, tienen el beneficio de la salida diaria desde la cárcel.

Jackson acompañado de Juan José Parada, hijo de José Manuel Parada caminaron hasta el Ministerio de Justicia para entegrar una carta en la que rechazan la medida.

Alfgunos extractos de la declaración pública:

Ni siquiera los señores González Betancourt y Fuentes Castro cumplen con los requisitos formales para poder optar a estos beneficios. Como se ha consignado en distintos medios, no han tenido una conducta intachable dentro del recinto penal, reconociendo incluso la Corte de Apelaciones de Santiago que ‘resultaría que los requisitos para el otorgamiento del beneficio concedido a los condenados referidos no se encontrarían plenamente cumplidos’, dado que sobre ‘González Betancourt, existirían antecedentes que revelarían que su conducta anterior al otorgamiento del beneficio de salida dominical no ha sido irreprochable en cuanto habría sido sancionado por iniciar una huelga de hambre con el objetivo de obtener beneficios carcelarios’, y respecto a Fuentes Castro ‘éste habría sido sancionado por la autoridad carcelaria por trenzarse en peleas dentro del penal Punta Peuco’, lo que hace que el otorgamiento del beneficio resulte totalmente ilegal, injusto y arbitrario. Llama la atención la poca rigurosidad de Gendarmería en esta materia, en especial su Unidad de Derechos Humanos, que debiera tener un rol fundamental cuando de reclusos por crímenes contra la humanidad se trata”.

 “Llamamos tanto al gobierno saliente de Sebastián Piñera como al gobierno entrante de Michelle Bachelet, así como al resto de los poderes del Estado, ani siquiera los señores González Betancourt y Fuentes Castro cumplen con los requisitos formales para poder optar a estos beneficios. Como se ha consignado en distintos medios, no han tenido una conducta intachable dentro del recinto penal, reconociendo incluso la Corte de Apelaciones de Santiago que ‘resultaría que los requisitos para el otorgamiento del beneficio concedido a los condenados referidos no se encontrarían plenamente cumplidos’, dado que sobre ‘González Betancourt, existirían antecedentes que revelarían que su conducta anterior al otorgamiento del beneficio de salida dominical no ha sido irreprochable en cuanto habría sido sancionado por iniciar una huelga de hambre con el objetivo de obtener beneficios carcelarios’, y respecto a Fuentes Castro ‘éste habría sido sancionado por la autoridad carcelaria por trenzarse en peleas dentro del penal Punta Peuco’, lo que hace que el otorgamiento del beneficio resulte totalmente ilegal, injusto y arbitrario. Llama la atención la poca rigurosidad de Gendarmería en esta materia, en especial su Unidad de Derechos Humanos, que debiera tener un rol fundamental cuando de reclusos por crímenes contra la humanidad se trata”.

Llamamos tanto al gobierno saliente de Sebastián Piñera como al gobierno entrante de Michelle Bachelet, así como al resto de los poderes del Estado, a impulsar las medidas administrativas, legales y judiciales necesarias para avanzar hacia una efectiva reparación de las víctimas de la Dictadura. Llamamos con urgencia a la búsqueda de fórmulas que permitan por fin investigar sin limitaciones amparadas en la mantención de la impunidad de los culpables, y que propendan a condenar y castigar los crímenes de lesa humanidad de manera consistente a la gravedad que como sociedad y como miembros de una comunidad internacional le hemos atribuido. Asimismo, llamamos especialmente a los órganos del Estado competentes en estas materias, tales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Unidad de Derechos Humanos de Gendarmería, y otros, asuman un rol protagónico respecto de esta clase de decisiones, que pueden generar precedentes para casos similares en el futuro. Sólo así podremos comenzar a dar efectiva protección a los Derechos Humanos de todos los habitantes de nuestro país”.
 

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