Columna de Juan Manuel Astorga: "Lo que aún no aprendemos"

Por Juan Manuel Astorga: Conductor y Editor de Radio Duna

Que la Presidenta Michelle Bachelet haya tenido que ser evacuada la noche del miércoles en Arica ante la fuerte réplica del terremoto que tuvo lugar esta semana en el norte, confirma que aunque hemos avanzado mucho en organizarnos ante la emergencia, hay mucho de improvisación también. Se hace muy difícil de entender que la jefa de Estado y su comitiva se hayan alojado en un hotel que está bajo la cota de 30 metros, vale decir, en una zona con riesgo de inundación ante un tsunami. No es suficiente la explicación que señala que todos los hoteles están en el borde costero porque, aunque es cierto, la Mandataria pudo haberse alojado en algún recinto militar. Salvo la Armada, que por razones obvias, tiene parte de sus dependencias en las cercanías del mar que debe salvaguardar, el Ejército y la Fuerza Aérea cuentan con recintos alejados del riesgo de maremoto. Incluso si no había posibilidad de alojar allí, debió haber retornado a Santiago o trasladada a algún hotel en otra región del norte que estuviera apartado de los vaivenes propios del océano en días de temblores. 

La Mandataria comentó esa misma noche que fue evacuada como una ciudadana más. Por ser la primera autoridad del país, Bachelet fue sacada del hotel por equipos de seguridad, escoltas y policías. No habría podido ser de otra forma, incluso si ella lo hubiera pedido. Es decir, no como cualquier ciudadano, sino como quien gobierna. Por eso no se comprende tan fácilmente que su equipo la sometiera al riesgo propio de un tsunami y a la posterior crítica por alojarla en una zona de peligro.

Estar preparados para reaccionar rápida, oportuna y eficazmente ante una emergencia ha sido uno de los principales desafíos de nuestras autoridades desde el cúmulo de errores que se vivió el 27 de febrero del 2010. Y sin duda hemos avanzado, pero tropiezos como el antes citado dan cuenta de que aún hay contingencias no previstas que inducen a desaciertos.

Cuatro años después del último tsunami y a pesar de la majadera insistencia en pronosticar que se venía un gran terremoto en el norte, hay ciudades como Arica que aún no tienen habilitadas las sirenas que deben alertar a la población frente a un posible maremoto. Lo más increíble es que las sirenas están, pero no funcionan como deben porque o no tienen los postes donde ubicarlas o porque están conectadas a la energía eléctrica convencional y no suenan cuando se corta la luz después de un temblor. Un absurdo. 

Algo que nos sigue sorprendiendo es que tengamos reparticiones gubernamentales, supermercados, colegios, hospitales y cárceles ubicadas bajo la famosa cota de los 30 metros, O sea, autoridades, compradores, alumnos, enfermos y presos viven a diario en plena zona de inundación. Evacuarlos de noche es complejo. Imaginemos cómo sería si el terremoto y la alarma de tsunami tienen lugar a pleno día. ¿Existen al día de hoy planes concretos para trasladar esos recintos y dependencias a franjas más seguras? Según las autoridades locales, no. Si hasta la Zona Franca de Iquique, la famosa Zofri, está dentro de los mapas de inundabilidad. 

La noche del mismo martes, casi a la par con la información sobre la magnitud del terremoto, se informó de la fuga de centenares de reclusas desde una cárcel de Iquique. Cundió el pánico. Horas más tarde vinimos a saber la verdad: no se escaparon de sus gendarmes sino que los propios funcionarios de la institución carcelaria les abrieron las puertas para que salieran. Fue la única manera que tuvieron de evitar que fueran alcanzadas por una ola mortal en un recinto que está a pasos de la orilla del mar.

Gendarmería pareció haber reaccionado más por intuición que por un protocolo establecido. Dicho en el canal 24 horas por el coronel de Gendarmería, José Maldonado, la institución ya fue cuestionada por su tardía reacción ante el incendio en la cárcel de San Miguel y la experiencia pasada les hizo aprender la lección. 

Las normas antisísmicas por las que se rige la construcción se han perfeccionado con los años y en especial desde el 2000 en adelante. Pero aún así, siempre hay excepciones. Y siempre son con los pobres. Más de 2.500 viviendas sociales de la localidad de Alto Hospicio se vieron dañadas seriamente. Su alcalde, Ramón Galleguillos, se fue en picada contra la calidad de esas casas básicas. Y aunque la norma está hecha para que la gente sobreviva a un terremoto y no para que la casa no sufra daños, los estragos se ensañaron con esas viviendas.

Hay otras cosas más que corregir. No está del todo claro cómo opera el sistema de evacuación de personas. No es parcelado, los desplazados no siempre tienen claro dónde deberían instalarse -si en calles, plazas u otros lugares- y, dicho en simple, saben que tienen que evacuar, pero no saben para dónde.

En fin. La evidencia nos demostró en estos días que las autoridades están mejor preparadas para reaccionar frente a un fenómeno de la naturaleza. Pero siempre queda mucho por mejorar.

 

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