Sebastián Torrealba: "El Estado, las empresas y los ciudadanos (la retroexcavadora)"

Por Sebastián Torrealba

Ante el creciente y publicitado desencanto con el “modelo”, hoy es preciso ver qué alcances tiene este alegato que resuena también a nivel internacional. Desde el 2011, cuando se inician los movimientos de los indignados, así como la movilización estudiantil en Chile y otras demandas de corte más ambiental y social, los cambios en el centro del modelo han sido mínimos, casi imperceptibles en lo macro. Es más, el modelo económico neoliberal se ha fortalecido como una buena herramienta de redistribución de riquezas. Sin embargo, han aparecido nuevos actores que estaban escondidos y que no son precisamente la “mano invisible” de Smith sino que el Estado como regulador y la ciudadanía como un fiscalizador activo.
 
Entonces, ¿será necesario cambiarlo? ¿O es mejor readecuarlo? El consenso parece ser la segunda opción. La Teoría del Valor Compartido de Porter y Krammer y los nuevos enfoques del gerenciamiento de empresas modernas que introducen el rol social en ellas suman día a día más adeptos y experiencias positivas  (no marketing ni RSE) con el fin de ganar ventajas comparativas con sus competidores y de establecer sus negocios en el largo plazo, generando valor en la sociedad.
  
Sobre los actores. En el primer caso pasa por darse cuenta de que las empresas generan costos a la sociedad. Hasta hace muy pocos años, la gran mayoría de esos costos eran asumidos por los ciudadanos. Hoy, en cambio, las empresas deben entender que les corresponde a ellas asumirlos y gestionarlos como parte de su negocio, en conjunto con las comunidades. Sólo así pueden  transformarlos en activos comunitarios que permitan la sustentabilidad de sus negocios en el largo plazo.
 
El Estado, por su parte, ha intentado ser más pequeño y eficiente en distintas sociedades, tratando de interponer la menor cantidad de barreras posibles a los mercados, sobre todo en países emergentes. Pero el gran efecto indeseado de esta política es el descuido de los derechos sociales y económicos de las personas. Ejemplos como esos hay muchos, los más clásicos en nuestro país son el caso La Polar y Freirina. El Estado debe participar no sólo a través de su rol subsidiario sino que generando, a través de sus herramientas de fiscalización, un espacio en donde las regulaciones se cumplan y  conviertan los costos en oportunidades.
 

A su vez, los ciudadanos, que en los últimos años hemos dejado de ser espectadores pasivos gracias a las redes sociales, cambios regulatorios enfocados en generar mayor participación ciudadana en la toma de decisiones y una intensa solicitud de transparencia tanto en lo público como en lo privado, también nos cabe aportar. Sin embargo, esta participación se ha desarrollado desde la desconfianza en las empresas y en las autoridades.
 
El desafío de estos tres actores será, entonces, construir una ciudadanía organizada que aporte a los cambios del “modelo” no desde la teoría de la retroexcavadora sino que a partir de la preservación de lo exitoso y de la inclusión de nuevas formas de comunicación y participación que permitan que, tanto las empresas como el Estado, se conviertan en socios en la persecución de un objetivo común mejorar las condiciones sociales de los ciudadanos.
 

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