Columna de Estela Ortiz: "No más victimización secundaria"

Por Estela Ortíz

Sin duda una de las más graves vulneraciones de derechos que sufren los niños, niñas y adolescentes es la violencia (71% según estudio Unicef 2012) y una de sus peores manifestaciones es la violencia sexual. El 2013 cerca de 18.000 niñas, niños y adolescentes ingresaron denuncias por delitos sexuales.

Es sabido además, que detrás de este dato se esconde una cifra negra de situaciones que no se detectan, o si se detectan no se denuncian, en parte por el temor a que el proceso de investigación y posterior juicio incremente el daño para el niño o niña  víctima del delito. Esto es así porque lamentablemente el sufrimiento suele arrastrarse durante el proceso judicial, en la medida que esta instancia, llamada a ser un acto reparatorio para las víctimas, no se desarrolla de manera ajustada a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Con el propósito de terminar con estas graves vulneraciones de derechos, la Presidenta, Michelle Bachelet, presentó en La Moneda la “Comisión Técnica sobre Garantías de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Procesos Judiciales” liderada por el Consejo Nacional de la Infancia, cuyo propósito es  presentar propuestas que permitan reducir la victimización secundaria, y asegurar una protección especial en los procesos judiciales en los que participen niños y niñas.

Esta comisión técnica, conformada por representantes del Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Sename, Sernam,  Servicio Médico Legal, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Ministerio de Salud y Ministerio del Interior, entre otros organismos, deberá plasmar en su propuesta un análisis intersectorial de las diversas rutas investigativas y judiciales que siguen los niños y niñas en tanto víctimas o testigos de delitos, especialmente de aquellos que han sufrido delitos sexuales, y definir un conjunto de garantías de protección especial para ellos.

Esta Comisión presentará su informe final en septiembre, el cual  orientará la implementación de mejoras en el  desempeño del conjunto de las instituciones involucradas. 

Lo anterior implica que el Estado garantizará  que niños, niñas y adolescentes, víctimas y testigos de delitos, tengan derecho a un trato digno y comprensivo; a ser informados; a tener una asistencia eficaz; a la intimidad; a la seguridad; a la reparación; a ser oídos y a expresar opiniones y preocupaciones; a ser protegidos de sufrimientos durante el proceso judicial; a ser protegidos contra la discriminación y derecho a medidas preventivas de futuras violencias. 

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de publimetro

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