Pago por información disponible gratuitamente en la web pone "en jaque" a parlamentarios

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Por medio de una investigación periodística, el diario La Segunda expuso una revisión de los estudios encargados por los diputados salientes del periodo 2010-2014 a sus asesores comunicacionales, y con ello, el respectivo pago que recibieron.

Fue así como el medio, en una nota anterior, aseguró que “el viernes pasado publicamos cómo se cancelaron millones por trabajos de un par de páginas, resúmenes de internet, o proyectos que nunca se presentaron. Detectamos, también, que algunos encargaron resúmenes de su paso por el Congreso, con un costo total de $11 millones”.

El que más gastó en esta materia, según la Segunda, fue el ex diputado socialista Marcelo Díaz (hoy embajador en Argentina). Su asesor Víctor Freddy Ponce Badilla (director en Imaginacción-Diseño de Negocios) recibió $3 millones 970 mil por preparar una memoria legislativa de los dos periodos que Díaz estuvo en la Cámara.

El precio final incluyó el pago de los editores, diseñadores e imprenta: un documento de 16 páginas a color, donde además de sus mociones e intervenciones en el hemiciclo se incluyen hitos de su actividad política y laboral, incluido su paso por Sistema Consultores de Jorge Insunza (hoy diputado PPD), así como sus apariciones en prensa.

La publicación serviría de cuenta pública hacia la comunidad, sin embargo, no se indica la cantidad de ejemplares producidos.

Consultado Marcelo Díaz afirmó que “se hicieron dos versiones, una de circulación masiva que es la que tienes (la entregada por la Cámara) y que fue distribuida en el distrito, a través de mis oficinas distritales y en mis recorridos de cierre de mi gestión. No recuerdo la cifra exacta, pero creo que fueron 30.000 ejemplares. Adicionalmente, se elaboraron 4 ejemplares completos, de más de 1.000 páginas con toda mi gestión legislativa y parlamentaria de 8 años. Por si te interesa, los gastos de imprenta corrieron por mi cuenta”.

Seis periodos legislativos son los que incluye la “asesoría informática consistente en la digitalización y la clasificación de los archivos computacionales referidos a materias, temas y proyectos relacionados con el quehacer parlamentario en el periodo 1990-2014” por las cuales María Angélica Cristi pagó $2 millones 84 mil.

“Es un informe inmenso donde se analiza las que fueron leyes y las que no fueron y que en mi opinión debieran seguirse impulsando. Es de unas 500 páginas. La idea era que como quedan tantas cosas que se archivan proyectos, otros se reponen, otros quedan a medio camino. Por lo tanto creí que era importante tener esos antecedentes para que lo aprovechen otras personas”, explicó la ex parlamentaria.

Consultada por el medio, acerca si sabía de la gratuidad de este servicio disponible en la Oficina de Informaciones o en la web la diputada respondió lo siguiente:

“Sí, pero no es lo mismo. Porque ellos no analizan dónde están los proyectos o qué pasó con ellos. No hacen seguimiento de si vale la pena reflotar algunos proyectos. Lo mío es mucho más completo que eso. Efectivamente si uno lo pide, te dan un listado. Pero nada más”

Pedro Velásquez le pagó a una asesora $726 mil 364 por un informe de 81 páginas referido al trabajo legislativo del ex parlamentario.

Sin embargo, al revisarlo, se observa que el 25% del documento se refiere al Parlamento, sus atribuciones y organización (sacado de información preparada por la Biblioteca del Congreso). Luego se agrega una reseña de Velásquez y las mociones y oficios que envió (también disponible en www. camara.cl), añade el medio.

La misma pregunta que se le hizo a la diputada Cristi, Velásquez la respondió así: “no tengo la claridad sobre lo que me pregunta. Sería bastante inapropiado si hubiese ocurrido así. Uno confía plenamente en sus asesores y ellos cumplen con los requisitos de la misma Cámara”

Cinco ex parlamentarios de la UDI encargaron a la firma Sociedad Legal compilar sus trabajos legislativos. A un costo de $723 mil, cada parlamentario recibió informes que se diferencian, fundamentalmente, en el tamaño: Gonzalo Arenas (47 páginas), Enrique Estay (56); Manuel Rojas (40), Joel Rosales (37) y Gastón von Mülhenbrock (18).

Todas incluyen proyectos de ley, de acuerdo, oficios fiscalizadores, participación en comisiones y, en algunos casos, asistencia y votación tanto en comisiones como en la sala. Además de una carilla de presentación (que en el caso de Arenas y Rosales son iguales) donde se explica que “los datos han sido recopilados de fuentes oficiales de Cámara de Diputados”. Lo que no dice, es que dicha información se puede obtener gratis y por menos de 5 minutos, de la página web de la Cámara.

“Sociedad Legal” fue constituida en diciembre de 2011 por los abogados María Alejandra Rivera y Luis Cantellano Ampuero (quien fue seremi de Energía de Atacama y Coquimbo de 2010 a agosto de 2013). En enero se agregó como socio Pablo Cantellano, asesor a honorarios del diputado UDI Javier Hernández.

Manuel Rojas indicó que lo pidió “para poder tener una cuenta pública de todo lo que hice en mi trabajo legislativo”.

Frente a la misma consulta realizada a los demás parlamentarios su respuesta fue esta:

“La verdad, verdad, es que preferí que lo hiciera la gente que me asesoraba”.

Su ex colega, Gonzalo Arenas aseguró que “lo que quería tener era un compendio para tratar de hacer un libro sobre mi paso por el Congreso”. Sobre la gratuidad, explicó: “No me dijeron”, sentencia la investigación.

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