Paola Cabezas: "Gobiernos Corporativos y Caso Cascadas"

Por Paola Cabezas

La gravedad del Caso Cascadas no tiene precedentes, ya que hay multas por más de 300 millones de dólares entre todos los involucrados. Existe una arista penal por un eventual delito; se sancionó a la corredora de bolsa más grande del país por su supuesta cooperación en la articulación de este esquema creado por Julio Ponce, y por último, ya hay demandas civiles indemnizatorias presentadas por las AFPs en contra de los involucrados. Además, hay daño previsional, pero sólo en sus fondos de pensiones, no en el patrimonio de la AFP. 

Lo positivo, es que en general ha quedado claro que las instituciones funcionaron. La SVS ha hecho su trabajo, aplicó las multas más altas de la historia y ahora Julio Ponce tiene la posibilidad de discutir la procedencia de ellas para asegurar su debido proceso ante tribunales. De lo mucho que se ha escrito, queda claro que no hay cambios legales mayores que realizar a diferencia como ocurrió en el caso Chispas, producto del cual nació la ley de OPA.
La ley es imposible que evite abusos, ahí estamos a merced de lo que cada persona considere correcto o no, y al menos hasta ahora, lo que está acreditado por la SVS es que Julio Ponce creo un esquema coordinado de operaciones que lo benefició directa y económicamente en perjuicio de las cascadas, en contra del interés social, de los minoritarios, del patrimonio por tanto de las AFPs y nuestros fondos de pensión, y gravemente contra la fe pública y estabilidad del mercado.
No es justo demonizar a la fórmula de las cascadas, en Chile hay más empresas que operan de esa forma sin abuso, conflicto de interés ni perjuicio a los minoritarios, pero este caso ha dejado al descubierto una fragilidad dentro del sistema de gobiernos corporativos. La ley autoriza las operaciones con partes relacionadas cuando contribuyan al interés social de la firma, incluso son autorizadas si son habituales y cumpliendo requisitos, permitiendo que no sean revisadas por el directorio de una compañía.

Aquí nace el problema del conflicto de interés. Surge sobre todo en mercados pequeños como el nuestro, donde en este caso Julio Ponce controlaba cada operación y donde detentaba la presidencia de cada empresa sin contar que tenía instalados en los mismos directorios a su hermano, hijo e hija.
Así, al parecer debiera ser un llamado de atención ver hijos, hermanos y otros en directorios de empresas controladas por una misma persona.
¿Debería ser la participación de ellos eventualmente prohibida? Lo más probable es que no, lo que necesitamos es que la SVS tenga estas situaciones en vista, pero el mercado se debe seguir autorregulándo allá donde la ley no llega, y tal vez donde no debe llegar a regular.

Tal vez escuchar a la academia y mutar a la SVS en una comisión de valores, órgano colegiado que no permita que se hable de persecución por parte un determinado superintendente, y obviamente tipificar la administración desleal, como ocurre en legislaciones comparadas.
Mucha familia en gobiernos corporativos o en directorios es al menos feo, y quien esté por la transparencia en esta materia abrirá paso a más técnicos premiados por la meritocracia. Tal vez la familia deba ocupar otros cargos, y no los de control.
 

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