Pentagate: ¿A qué penas se exponen los políticos relacionados al caso de fraude tributario?

Por Jaime Liencura

Varios son los políticos que se han visto involucrados en la investigación que está haciendo Carlos Gajardo, el fiscal adjunto de la división de Alta Complejidad de la Región Metropolitana Oriente respecto al supuesto fraude tributario de parte del grupo Penta. Pero antes, ¿en qué consiste el llamado “Pentagate”?

“El delito que se investiga está especificado en el artículo 97 Nº 4 del Código Tributario”, dice Gonzalo Polanco, Director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios y profesor de la Universidad de Chile. “Ahí se sanciona una serie de conductas que tienen como efecto defraudar al fisco. Entre ellas se encuentran la presentación de declaraciones maliciosamente falsas, la presentación de balances alterados o el uso de facturas abultadas que tienen como objetivo aumentar el gasto de la empresa”, dice a Publimetro

El impuesto que deben pagar las empresas por concepto de impuestos se calcula haciendo el siguiente ejercicio. “Lo que yo gané menos todo aquello que gasté para conseguir mi renta. En la medida que gasto más, gano menos”, precisa el experto. Y agrega que “si gano menos, pago menos impuestos”. Y ese fraude se consuma con la declaración hecha en el Fondo de Utilidades Tributables, FUT.

Hasta aquí, todo parece un problema de una empresa que abultó sus gastos para pagar menos impuestos. Pero, ¿qué tienen que ver los políticos?

“Lo que se ha detectado es que los políticos emitieron boletas cobrando servicios que aparentemente no realizaron. Eso implica que la empresa declaró como gasto un servicio que no recibió y los dineros que pagó la empresa habrían ido a financiar campañas electorales”, dice José Luis Zabala, abogado especialista en materias tributarias y Magíster en Derecho de la Universidad de Chile.

“Sin embargo, por lo que se querelló el Servicio de Impuestos Internos (SII), es por el fraude a los impuestos, no por las posibles transgresiones a la ley de financiamiento de las campañas”, aclara.

Y Gonzalo Polanco resume con claridad el castigo legal que existe por el delito tributario. “Las sanciones son una multa que va del 50% al 300% de cobro del monto eludido, además de presidio menor en su grado medio a máximo”, dice. Eso significa desde 541 días a 5 años y un día, dependiendo de las atenuantes o agravantes que se descubran. Pero la pena, en estos casos, serían determinadas para las empresas, no para quienes emitieron las boletas.

En ese sentido, ¿cuáles son las penas que pueden recibir los políticos?

Según el director del Centro de Estudios Tributarios, las penas están declaradas para quienes “buscan defraudar al Fisco”. Es decir, sería la empresa y no los políticos quienes reciban las penas, si es que se descubre la comisión del fraude.

Algo similar es lo que dice José Luis Zavala. Explica que es difícil que comprobar que alguien que emitió una boleta no haya realizado un trabajo. “Los elementos  más útiles para detectar este tipo de fraudes son los correos electrónicos”, dice. De ahí la importancia de requisar computadores que hizo la PDI en sus últimos allanamientos. Pero recalca que “yo veo difícil que los actores políticos sean sancionados por esos delitos, porque el Código Tributario pena al contribuyente que busca defraudar al Estado”.

En ese sentido, Polanco complementa la información. “El artículo 99  dice que se aplicarán las penas cuando se comprueba un acto doloso de parte del contribuyente. En ese caso, los responsables de pagar por el delito de la empresa son los representantes legales, los gerentes, los administradores y los socios”, finaliza.

Cabe destacar la fiscalía aún se encuentra investigando el posible fraude al Fisco de parte de la empresa Penta. El Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo declaró con anterioridad que el SII y el Ministerio Público deben realizar el encauzamiento con plena autonomía, alejándose como agente opinante en este posible delito.

Y eso se explica por la siguiente razón: si el Gobierno se pronuncia oficialmente en esta caso, tendría que prepararse para hablar largamente sobre otras dos aristas más que abrió la investigación: la transgresión a la ley de financiamientos electorales y la filtración de investigaciones a la prensa. Y esas ya son arenas de otro costal. O platas de otra boleta, para ser contingentes.

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