El diputado de la UDI, Enrique van Rysselberghe, lamentó las “graves falencias e incoherencias demostradas por el Gobierno de Chile” al haber apoyado el ingreso de Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según precisó.
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Y es que para Van Rysselberghe, el Ejecutivo “se equivoca al brindar su apoyo para un alto cargo de la ONU a un gobierno que incumple los mandatos de ese organismo internacional y que no está dispuesto a cumplir con las normas mínimas de convivencia democrática civilizada. Venezuela no ha liberado ni piensa liberar a los presos políticos que tiene prisioneros de manera arbitraria desde febrero y sobre lo cual el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha emanado un contundente dictamen que acredita la existencia de presos políticos en Venezuela y que concluye exigiendo la liberación inmediata de los mismos”.
“La verdad es que el apoyo de Chile a Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU no tiene justificación ni resiste análisis alguno”, dijo el parlamentario.
Y continuó: “Más incomprensible es esta decisión si se considera que la Presidenta Bachelet ocupó un alto cargo de la ONU y lo mínimo que uno esperaría de ella es que las decisiones sobre política exterior chilena fortalezcan y no debiliten los principios democráticos y de respeto a los Derechos Humanos que ese organismo promueve a nivel mundial”.
“Chile no sólo está apoyando a un gobierno cuestionado por la ONU, sino además se está legitimando las actividades ilegales y arbitrarias de un gobierno contra sus ciudadanos”, expresó el diputado del gremialismo.
A juicio de Enrique van Rysselberghe, “con el apoyo de Chile a Venezuela, el gobierno socialista de la Presidenta Bachelet le da justificación moral a las detenciones arbitrarias de dirigentes opositores y a la violación de sus derechos civiles, políticos y constitucionales”.
“El Ejecutivo apoyó con su voto el incumplimiento venezolano al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al detener en febrero a Leopoldo López, al impedirle el legítimo derecho a la defensa, al no reconocer su derecho a la presunción de inocencia y al someterle a un proceso judicial por ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión y manifestación”, concluyó.