Columna de Juan Manuel Astorga: Conformarse con poco

Por Conductor y Editor de Radio Duna

Dos veces en una semana ha debido salir el canciller Heraldo Muñoz a explicarle al país por qué decidió mantener a embajadores en sus puestos, a pesar de haberse visto cuestionados en ámbitos sumamente diferentes, pero que pusieron en entredicho su continuidad como representantes de la diplomacia chilena.

El caso del embajador chileno en Uruguay tuvo harta difusión. El otrora abogado de Derechos Humanos, Eduardo Contreras, criticó a la derecha empresarial y la acusó de estar detrás de los últimos atentados que se han registrado en Chile. “¿A quién le interesan los actos terroristas? A la derecha, a la derecha empresarial”, dijo el miembro del Partido Comunista durante una entrevista concedida al periódico uruguayo La Diaria. Conocidas sus palabras, Contreras intentó negarlas diciendo que lo sacaron de contexto en una conversación privada. Con una afirmación poco creíble como esa, tuvo que venir a dar explicaciones formales al Gobierno, luego de ser citado por el ministro Muñoz. Tras esa reunión, se retractó diciendo que “comparar hechos y contextos de años pasados con sucesos que se inscriben en una situación histórica totalmente diferente fue un grave error y así lo asumo ante el país y los afectados”. Le pidió perdón a la Presidenta Bachelet, al canciller, a la derecha y los empresarios.

Habiendo ofrecido disculpas, el ministro de RREE lo mantuvo en el cargo. Sin embargo, a pesar de la profusión de sus excusas, la oposición insistió en que debió haber sido removido. Sorprende el apuro con el que la Alianza por Chile salió a pedir su destitución. Y sorprende porque no aplicó precisamente la misma vara cuando en 2010, Miguel Otero, el entonces embajador de Chile en Argentina, un histórico político de Renovación Nacional, elogió la dictadura de Pinochet estando en Buenos Aires. En ese momento llamó la atención que un talentoso abogado como él, que bien debiese saber cuándo un argumento puede ser usado en su contra, se despachara tamaño error. Hablar a favor de la dictadura chilena cuando ese mismo régimen le dio vuelta la espalda a los argentinos al apoyar logísticamente al Reino Unido en la guerra de Las Malvinas parecía un despropósito. Más todavía haberlo hecho en Buenos Aires, donde sigue muy vivo el doloroso recuerdo del asesinato en Palermo del retirado general Carlos Prats. Peor incluso. Aunque pensó que lo hacía a título personal, Otero justificó en nombre de Chile el golpe militar justo en el país latinoamericano donde los derechos humanos se mantienen en permanente vigencia. La Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, que sagradamente marchan todas las semanas clamando justicia y verdad, se manifestaron indignadas. Para colmo, efectuó sus declaraciones en el diario Clarín, cuya directora estaba siendo acusada precisamente de haber adoptado hijos de detenidos desaparecidos durante la dictadura transandina. Otero le dio en la línea de flotación que el entonces Presidente Sebastián Piñera más había tratado de cuidar. Que alguien de sus propias filas “pinochetizara” su administración fue algo que no le cayó en gracia. Para nada. Menos que lo hiciera en Argentina, con cuyo gobierno intentaba mantener no sin dificultades, lazos cordiales. Pese a toda la argumentación anterior, RN y la UDI cerraron filas con Otero y no sólo no pidieron su renuncia, sino que criticaron luego a Piñera por destituirlo. 

Contreras se equivocó. Y se equivocó feo. Fue torpe e ideológicamente muy prejuicioso. Sus palabras dañan la convivencia nacional e incluso podrían sembrar dudas en un tema que está siendo investigado judicialmente. Pero sus afirmaciones fueron respecto de un tema local que sólo importaba en Chile y que, a diferencia de las afirmaciones de Otero, nada tenían que ver con el país en que las pronunció. No ponían en riesgo ni tampoco complicaban nuestros vínculos con el otro país. Ofendieron –y debo decir que ofendieron muchísimo- a un montón de empresarios chilenos, pero a nadie en Uruguay le importaron sus declaraciones. Por lo mismo inquieta que la centro-derecha use varas tan distintas para proteger a un diplomático cuando es de su sector, y quiera quemar en la plaza pública a otro cuando es opositor.

Para ser justos en este punto, cabe decir que tampoco se usó la misma lógica cuando otro embajador, en este caso Mike Hammer, representante de Estados Unidos en nuestro país, decidió comentar libremente sobre política interna chilena. Hammer dijo hace unas semanas que “lo que necesita la empresa estadounidense…es estabilidad política y económica, y reglas claras”. Además, refiriéndose a las reformas que está impulsando el gobierno de Bachelet, el embajador estadounidense dijo que “cuando hay cambios es importante consultar a todos los stake-holders y a su vez tomar decisiones en un tiempo razonable”. 

La imprudencia verbal del diplomático de Washington en Santiago no pasaron inadvertidas, pero mientras para algunos en la Nueva Mayoría calificaron de impertinentes sus declaraciones, porque se inmiscuían en asuntos de política interna, en la centroderecha no dijeron nada. ¿Y si hubiese sido al revés y nuestro embajador en EEUU, Juan Gabriel Valdés, hubiera salido a comentar las emblemáticas reformas de Barack Obama? Seguramente ya no sería embajador.

Dicho todo lo anterior y hecho el punto sobre las disparidades políticas a la hora de proteger u objetar a uno u otro embajador, vale decir que el sentido común nos señala que lo razonable era exigirle la renuncia a Contreras, tal cual se le pidió a Otero. Pero no. La cancillería lo mantuvo en el cargo. Misma decisión que tomó el miércoles con otro diplomático que también se ha visto cuestionado en estos días.

Felipe Bulnes, el embajador chileno ante La Haya, tiene la sensible misión de representar los intereses y la defensa de nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia frente a la demanda presentada por Bolivia, que nos exige una salida soberana al mar. Ese mismo funcionario, de profesión abogado, asumió por estos días la defensa legal de Metrogas, empresa cuestionada por la Comisión Nacional de Energía, que reveló que la compañía excedió el límite de rentabilidad en los años 2012-2013. No aparece como razonable que el mismo abogado que deba defender los intereses del Estado en un tema, se enfrente al mismo Estado en otro. Aunque sean casos muy distintos, lo pone en una situación compleja. Y además, corre un tremendo riesgo, porque ante la lejana pero eventual derrota de Chile en La Haya, hipotecará de por vida su futuro, toda vez que muchos dirán que perdió por haber distraído su tiempo confrontando al Estado en un juicio para defender a una empresa, en lugar de abocarse de lleno a haber delineado la estrategia de nuestro país ante la justicia internacional.

Bulnes dijo que no será el único abogado que trabajará en el caso Metrogas. Esa explicación le bastó al canciller Muñoz para mantenerlo en el cargo. 

Sacar a Bulnes del puesto es un riesgo para la administración Bachelet. Si lo hace y Chile pierde, la culparán por su decisión. Y sacar a Contreras también habría tenido un costo, porque le habría dado en el gusto no sólo a la oposición, sino que también a la Democracia Cristiana, eterna rival del Partido Comunista. Entonces, una de dos: o la cancillería optó en ambos casos por el mal menor o simplemente se quedó que las excusas de Bulnes y Contreras y se conformó con poco. 

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