Contreras, Krassnoff y Moren Brito suman otros 20 años de cárcel

Por Aton Chile

El ministro en visita extraordinaria para causas por violación a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, emitió una nueva condena contra el ex director de la DINA, Manuel Contreras, y otros tres conocidos agentes por su responsabilidad en la detención y desaparición de dos miembros del MIR.

El magistrado dictó sentencia por los secuestros calificados de Artemio Gutiérrez Ávila, Francisco Fuentealba Fuentealba y Abundio Contreras González, cometidos entre el 13 y 14 de julio de 1974, y quienes fueron recluidos en el recinto de detención clandestino de Londres 38.

En la sentencia, el ministro Llanos condena como responsables en los ilícitos a los ex integrantes de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchenko y Marcelo Moren Brito, a penas de 20 años de presidio. Además, a Basclay Zapata Reyes a 15 años y un día de presidio.

En el aspecto civil, se ordenó al fisco pagar la suma de $50.000.000 a Sergio Gutiérrez Ávila –hijo de Artemio Gutiérrez–; $100.000.000 a Pablo Contreras Guzmán –hijo de Abundio Contreras–, y $50.000.000 a los hermanos de Abundio Contreras, Héctor y Julia Contreras González.

TAMBIÉN CONDENÓ A EX MARINOS POR TORTURAS

En otro caso, el magistrado dictó sentencia por las torturas aplicadas por miembros de la Armada -actualmente en retiro- en contra de Haydeé Oberreuter Umazabal, ilícito perpetrado, entre diciembre de 1975 y febrero de 1976, en el denominado cuartel Silva Palma.

En la resolución, el ministro Llanos condenó por su responsabilidad en los tormentos aplicados a la mujer, a los ex miembros de la Marina Juan de Dios Reyes Basaur, Juan Jorquera Terraza y Valentín Riquelme Villalobos, a penas de 4 años de presidio, sin beneficios.

Los ex marinos le provocaron heridas en el abdomen que le dejaron profundas cicatrices que posteriormente requirieron cirugías reconstructivas. Oberreuter se dedicaba a recopilar ayuda para las víctimas de la represión en los primeros años de la dictadura.

En el aspecto civil, acogió la demanda en contra del fisco, ordenando pagar la suma de $80.000.000 a la víctima por la responsabilidad de agentes del Estado en la comisión del delito.

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