Columna de Juan Manuel Astorga: "Ya me cansé: el matrimonio de política y farándula en México"

Por Juan Manuel Astorga 

El argumento, aunque parece basado en una película, tiene en realidad como protagonista a una famosa actriz de teleseries mexicanas. Angélica Rivera, que dejó la pantalla chica cuando se casó con el hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto, protagoniza por estos días el papel más complejo de su carrera. La primera dama quedó en el ojo de la tormenta política cuando se reveló que posee una casa de lujo que le compró a una empresa cuyo propietario ha ganado controvertidos contratos con el actual gobierno. Los detalles del episodio aparecen días después de que su marido tuviera que anular abruptamente un proyecto por US $3.700 millones para construir un tren de alta velocidad que había otorgado a un consorcio chino, pero vinculado a la empresa que posee la escritura de la casa.

La ex actriz, afirmó esta semana que la mansión la compró gracias a sus ganancias en las teleseries, pero que decidió venderla para frenar las críticas. Para que nos hagamos una idea, la residencia en cuestión tiene un valor de siete millones de dólares. Vaya que pagan bien en la televisión mexicana. 

En México, a nadie le sorprende la relación entre la política y la televisión. Es común que el poder y el espectáculo terminen en matrimonio. Lo que antes podía aparecer como escandaloso, ahora figura como una muy buena estrategia para hacer despegar la carrera política de un dirigente, o el futuro actoral de una modelo. En un país donde las telenovelas son incluso más apreciadas que el fútbol, abundan historias como ésta. Sin ir más lejos, Manuel Velasco, un joven gobernador de Chiapas, se comprometió no hace mucho con la conocida actriz y cantante Anahí.

Angélica Rivera le ayudó mucho a Peña Nieto en su camino a la presidencia. Disparó su popularidad en estados donde nadie lo conocía a él, pero sí se veían los culebrones de ella. Por eso es que este escándalo escala tan rápido.

A Peña Nieto le llueve sobre mojado. El país está en shock desde fines de septiembre, luego de la desaparición de los 43 estudiantes de la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero. El hecho de que el gobernante no cancelara su gira por Asia y Oceanía, hace dos semanas, luego de conocerse que los jóvenes aparentemente habían sido asesinados, complicó más su situación. Los mexicanos ya lo venían cuestionando por la manera en que había manejado el caso. En una clara actitud de distancia frente a la tragedia, Peña Nieto declinó visitar el estado de Guerrero, y se tomó semanas antes de recibir a los familiares de las víctimas. En un país donde la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico arrojan noticias a cada minuto, su actitud terminó por desatar una ola de protestas. 

Guerrero es hoy el símbolo de la indignación mexicana, un estado rico en playas y recursos naturales, pero donde el 70% de sus habitantes vive en la pobreza. Tiene una tasa de homicidios cuatro veces superior al promedio nacional.

Guerrero concentra el 98% de la producción nacional de amapola, materia prima para la fabricación de heroína. Un informe de la DEA, el organismo antinarcóticos de Estados Unidos, reveló un incremento del 324% en los decomisos de esta droga en la frontera, y buena parte proviene de Guerrero.

Los narcotraficantes han permeado a muchas de las instituciones de Guerrero. La alcaldía de Iguala y la policía parecieran operar como empleados del grupo de los “Guerreros Unidos”, la banda narcotraficante que literalmente controla esa región.

Los estudiantes habrían sido asesinados porque con sus manifestaciones políticas y protestas contra la corrupción, se fueron convirtiendo en un obstáculo para el negocio de narcotraficantes y autoridades locales. ¿Por qué matarlos? Por “revoltosos”, declaró uno de los supuestos asesinos. 

No está claro que los jóvenes hayan sido asesinados. Es lo que se sospecha, pero que hasta ahora nadie ha podido probar. Tres miembros de los “guerreros unidos”, detenidos por la Procuraduría General de la República, dijeron que los alumnos fueron detenidos, asesinados y quemados en un basural durante 12 horas para borrar sus huellas. Luego tomaron sus restos calcinados para ser molidos, puestos en bolsas y lanzados a un río. Hasta ahora, sin embargo, los pocos restos encontrados y con alguna posibilidad de ser sometidos a pruebas de ADN no coinciden con la identidad de los desaparecidos. El misterio y la angustia de sus familiares y de todo un país, siguen igual que desde el 26 de septiembre, día en que desaparecieron. 

Lo que sí parece un hecho es que la persona que ordenó hacerlos desaparecer es el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, cuya mujer habría tenido pretensiones de ser la próxima candidata del municipio y a quien le complicaba que una marcha de los estudiantes organizada para ese día de fines de septiembre se topara con una actividad política suya. Ambos detenidos y procesados por este caso, pertenecen al Partido de la Revolución Democrática, PRD, una colectividad de izquierda, que tradicionalmente aparecía como víctima de las violaciones a los derechos humanos, y que hoy está en la vereda de los victimarios. 

Hace unos días, al terminar la conferencia de prensa donde entregaba los detalles conocidos hasta ese momento sobre la desaparición de los estudiantes, el procurador general de la República de México dijo: “Ya me cansé”. La autoridad, una de las pocas en las que confían hoy los mexicanos, se declaraba asqueado por los detalles de podredumbre y corrupción que rodean este caso. 

El episodio de crímenes en Guerrero y el episodio de la casa de la primera dama recuerdan los múltiples escándalos que sacudieron a los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que estuvo en el poder en México durante 71 años, hasta que perdió la presidencia en el año 2000. En los años 90, Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial de ese partido, fue asesinado a balazos durante un mitin político por un sicario que aparentemente fue contratado por alguien de su propio partido. Así de putrefacto terminó siendo la relación entre las distintas facciones de la colectividad. 

Tras varios años siendo oposición, el PRI regresó a la primera magistratura en 2012 de la mano de Peña Nieto. El problema es que, con él, regresaron nuevos capítulos de una vieja y cruel teleserie, una a la que le queda mucho por terminar. El presidente mexicano aún no cumple dos años de mandato, de un total de seis. Imaginen los episodios por venir. 

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