Durante las últimas décadas, Chile se ha convertido en el lugar de destino para muchas personas que buscando mejores oportunidades han decidido establecerse en nuestro territorio.
Según estimaciones del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior, la comunidad inmigrante en el país supera las 441 mil personas y en 40 años la inmigración internacional se ha quintuplicado en nuestro país.
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Esta situación plantea una serie de desafíos tanto a nuestra sociedad como al Estado y se hace urgente avanzar en una legislación en esta materia que transforme a Chile en un país de acogida, que respete, acompañe y defienda la dignidad y los proyectos de vida de los extranjeros que deciden iniciar en nuestro país sus proyectos, incluyendo a aquellos que lo hacen en situación de vulnerabilidad.
La diversidad de las personas enriquece un país, y desde esa perspectiva, debemos asumir que es fundamental generar una política migratoria que esté en sintonía con el respeto por los derechos humanos de quienes eligen a Chile como el lugar para desarrollar sus sueños y construir un proyecto de vida.
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Mientras la migración siga regulada por un decreto ley heredado de la dictadura, que responde a una doctrina de seguridad nacional del Estado y de gestión de mano de obra inmigrante, no avanzaremos en la construcción de una sociedad más inclusiva y justa.
Pero además de una legislación clara, que establezca deberes y derechos para los migrantes, es importante entender que es necesario un cambio cultural que derribe ciertos mitos asociados al fenómeno de la migración, que terminan enquistándose en nuestra sociedad, impidiendo avanzar hacia una verdadera cultura de valoración de la diferencia y reconocimiento de las identidades.
Los perfiles de la población migrante en nuestro país, realizados en base a distintos estudios, muestran la importante contribución que hacen en materia económica, cultural y social. Son personas que emprenden más y que cuentan con un nivel de estudios superior al de los chilenos, echando por tierra los prejuicios asociados a la migración.
En los últimos años han existido importantes avances en el reconocimiento de los derechos de los migrantes, pero sin duda, no han sido suficientes. La Presidenta de la República Michelle Bachelet durante su primer mandato, incorporó la temática de la migración en su programa de gobierno y en septiembre de 2008, proclamó el Instructivo Presidencial N°9, manifestando la necesidad de orientar la acción gubernamental en este tema.
Hoy, tenemos la oportunidad de dar un paso adelante en la integración de los migrantes en nuestra sociedad y para ello, existe plena voluntad política de este gobierno para sacar adelante esta tarea.
Parte de esta voluntad política se ve expresada en el actual programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que establece el compromiso de modificar la legislación migratoria donde la orientación esté dada por una perspectiva de inclusión, integración regional y un enfoque de derechos que aseguren la inserción efectiva de esta población al país.
Queremos que la elaboración de la nueva legislación migratoria, sea un proceso que se lleve a cabo con participación, por eso el Departamento de Extranjería y Migración y la División de Organizaciones Sociales, iniciaron en conjunto diálogos con organizaciones de migrantes en todo Chile. Nos interesa que la opinión de la ciudadanía se vea reflejada en el diseño e implementación de esta ley.
En ese sentido, estas instancias son una invitación a que podamos seguir construyendo juntos la sociedad que queremos, una sociedad en donde todos tengamos cabida y espacio para desarrollar nuestros sueños, sin importar el color de piel, acento o costumbres.
Tenemos la seguridad de que vamos avanzando por buen camino, porque así es el Chile que queremos construir: diverso, en donde el respeto sea la base de una sociedad más democrática, que valora la dignidad, igualdad y justicia.