El fallecido fiscal Alberto Nisman aún espera sepultura. Pero ya ruge la batalla política por establecer qué o quién causó su muerte. Al parecer los argentinos ya han dado un primer veredicto sobre sus sospechas de lo ocurrido. La primera encuesta sobre el tema muestra que el 82 por ciento de los consultados cree en las acusaciones formuladas por Nisman hace sólo algunos días.
Esas acusaciones señalan que el gobierno argentino pactó con Irán para impedir que se llegara a fondo en la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, en el que murieron 85 personas y 300 resultaron heridas.
Un memorando de entendimiento entre ambos países, acordado en 2013, renunciaba a la exigencia de que los sospechosos iraníes declarasen en la Argentina. En cambio, los interrogatorios se llevarían a cabo en Irán. Esto abría la puerta para un intercambio comercial en el que Teherán vendía petróleo y la Argentina exportaba granos a los iraníes.
También se levantaban la orden internacional de arresto por parte de Interpol para los sospechosos iraníes. El acuerdo denunciado por el fiscal, respaldado por escuchas telefónicas a políticos próximos a la Casa Rosada no llegó a concretarse. El canciller Héctor Timerman niega que jamás ordenó que se suspendiesen las órdenes de arresto de los iraníes.
En lo que toca a la suerte del propio Nisman, el 70 por ciento de los encuestados rechaza la tesis del suicidio. La pugna basada en evidencias contradictorias gana fuerza con el correr de las horas, con el oficialismo y la oposición enfrentados con teorías opuestas. Fue suicidio porque nadie pudo haber entrado al departamento. Fue asesinado porque en sus manos no se encontraron rastros de pólvora y otros elementos químicos. Se mató acongojado porque temía no poder probar sus acusaciones ante una comisión de la Cámara de Diputados. Pocos días antes del trágico desenlace advirtió que: “Yo puedo salir muerto de esto”. Están los que dicen que estaba nervioso y abrumado. Están, del otro lado, los que hablaron con él el día anterior y lo vieron animoso y con la firme voluntad de divulgar los resultados de sus investigaciones.
El escenario internacional del caso es igualmente oscuro. A las pocas horas de divulgada la muerte de Nisman, el canciller israelí Avigdor Lieberman lamentó su desaparición en “trágicas circunstancias” y ensalzó la labor del jurista. Ello en circunstancias de que la presidenta Cristina Fernández tardó más de un día en pronunciarse a través de Facebook denunciando un complot en su contra.
Los iraníes, a su vez, no tuvieron dudas en declararlo un suicidio. Washington ha seguido en forma muy estrecha el caso como lo evidencian los cables de la embajada de Estados Unidos, filtrados por Wikileaks.
Pese al interés, en veinte años no fue posible establecer quienes ejecutaron el atentado contra la AMIA. La magnitud de los intereses en juego y la politización del caso de la muerte del fiscal hacen improbable que se establezca la causa de su muerte. Dadas las circunstancias, independiente de la evidencia forense, cada cual creerá lo que quiera, o lo que le convenga, creer.
Acusaciones del gobierno contra Nisman
La acusación del fiscal Alberto Nisman, sobre el encubrimiento del gobierno argentino de los sospechosos del atentado de la AMIA, provocó el rechazo total de la Casa Rosada.
Jorge Capitanich, jefe de Gabinete del gobierno, la calificó de “disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria de artículos esenciales de la Constitución Nacional”. Fue más lejos y elucubró sobre una confabulación “golpista”, parte de una estrategia en la que participaban además del fiscal “algunos miembros y sectores del poder judicial”, “grupos mediáticos concentrados y grupos corporativos económicos”, además de “grupos de inteligencia internacionales y también de intereses estratégicos internacionales en contra de la República Argentina”.
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