El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, vela por la implementación de la Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano. El documento presentado en noviembre “Políticas de suelo e integración social” expone la noción de “integración urbana” que plantea objetivos loables. No obstante, descontextualizados para el país, lo que representa serias dudas en su aplicación.
Una directriz indica “regular la disposición de porcentajes de viviendas de interés social en los proyectos inmobiliarios”. ¿Se imagina una vivienda social en La Dehesa? Poco probable para el modelo no sólo urbano o económico del país, sino también cultural e histórico que hemos desarrollado por años. El habitante residente en La Florida que invierte 2.500 UF o más en su casa, no querrá una vivienda social en su costado, como lo mismo piensa el habitante de Vitacura o hace años el de la “comunidad ecológica”.
Si bien la idea es relevante, los países “desarrollados” no han resuelto estas interrogantes y basta con indagar casos de Suecia, Alemania, Inglaterra, USA. A lo anterior, asoma otro elemento riesgoso, el consejo apunta al estudio de 5 casos de políticas de integración, entre ellos Francia, el cual destaca por el fracaso presentado, donde los habitantes de los territorios prefieren pagar multas a permitir viviendas sociales en su espacio, generando una segregación evidente y demostrada empíricamente.
Tampoco en las propuestas se discute el concepto de “integración”, el cual en los casos de estudio considerados (USA, Colombia, Alemania y España) podría diferir sustancialmente de lo que se comprende en Chile de dicho proceso. ¿Por qué si destacados planificadores comprenden lo que sucede en otras latitudes quieren estudiar casos poco exitosos? ¿Por qué no echar mano a soluciones concretas y menos complejas? Por ejemplo, adquirir predios en las áreas centrales de la ciudad (no está impedido) y construir vivienda social. Lo anterior, solo implicaría invertir recursos que cualquier política debería considerar.
A través de los diversos gobiernos chilenos, ha quedado demostrado que el Estado ha sido el primer agente en segregar y excluir con su política de vivienda social. Múltiples son los ejemplos de localización periférica y sin ningún tipo de equipamiento (por ejemplo: San Ramón en La Araucanía). Así, es difícil pensar en un consenso, más bajo la fuerte injerencia de actores privados (que por lo demás financian bastantes estudios en la temática), lo cual expone un escenario complejo. Es necesario un diálogo amplio, con la inclusión de más actores, consultas ciudadanas sensibilizando a nuestra población desde temprana edad y quizás así, sinceremos el debate y podamos generar cambios de verdad.