Columna de Dayna Riffo: Transparencia y acreditación universitaria

Por Dayna Riffo / Abogada Analista de la Unidad de Análisis de Fondo del Consejo para la Transparencia 

A diario nos encontramos con la publicidad de las distintas universidades e institutos profesionales que nos invitan a formar parte de ellos, en las que recurrentemente se hace alusión a su condición de “acreditada”, esto es, al proceso establecido para asegurar la calidad de la educación superior conforme a la ley N° 20.129, del año 2006.

Dicho proceso está a cargo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que certifica si la institución cumple con determinados estándares, dando lugar a su acreditación, en virtud de la cual, aquellos alumnos y alumnas que ingresen a ella podrán acceder a financiamiento estatal o a créditos con garantía fiscal para financiar sus estudios.

A la fecha, el Consejo para la Transparencia ha recibido alrededor de una veintena de amparos para conocer los más variados antecedentes respecto a dichos procesos de acreditación, tanto de entidades públicas como privadas. En un caso, una ciudadana (rol C1118-14) solicitó un expediente de acreditación y la CNA negó parte de la información por la oposición de la universidad, la que por tener el carácter de privada no sería sujeto de aplicación de la Ley de Transparencia.

El Consejo, por unanimidad de sus integrantes, decidió que la información elaborada por la propia casa de estudios y que era presentada ante la CNA, tenía el carácter de pública, pues constituía un antecedente directo de la resolución que otorgó la acreditación.

Si bien, también se argumentó, que la publicidad de los antecedentes afectaría derechos de carácter patrimonial, se estimó que existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma, con lo cual se reafirma la transparencia y publicidad de los procesos de acreditación.

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