Columna de Magdalena Piñera: Respetar los acuerdos es buena política

Por Magdalena Piñera / Profesora

¿Se acuerda de la foto donde aparecía la Presidenta Bachelet tomada de la mano con sus ministros junto con los presidentes de los partidos políticos oficialistas y de oposición? La histórica imagen corresponde a la firma del “Acuerdo por la calidad de la educación” suscrito en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda en noviembre del 2007. ¿Cómo se llegó a ese momento? Recordemos que durante su primer mandato, la Mandataria tuvo que enfrentar durante el 2006 una serie de protestas, tomas, paros y marchas de miles de estudiantes escolares que comenzaron exigiendo la gratuidad del pase escolar y terminaron demandando la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce).

Con motivo de estas masivas movilizaciones, conocidas como la “Revolución Pingüina” y que pusieron en jaque al gobierno de la época, la Presidenta convocó al “Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación”. Después de meses de trabajo se alcanzaron importantes consensos entre expertos y políticos. El texto del acuerdo firmado entre el gobierno, la Concertación y la Alianza no solo no cuestionaba el lucro, el copago y la selección en la educación escolar, sino que afirmaba: “Históricamente la educación en Chile ha sido provista de manera mixta. Es responsabilidad del Estado mantener y desarrollar un sistema de educación, gratuito y de excelencia. Junto con ello debe velar por la eficaz realización de la libertad de enseñanza y del derecho a una educación de calidad a través del apoyo todas las escuelas, sean públicas o privadas, aumentando así la diversidad de los proyectos educativos en nuestro sistema escolar. Ello es una condición indispensable en una sociedad democrática y plural, que valora todas las expresiones culturales y religiosas que conviven en su seno”.

¿Por qué traigo a colación este acuerdo? Porque hoy el Gobierno vuelve a convocar a una comisión de expertos para enfrentar el difícil momento por el que atraviesa el Gobierno, la política y sus instituciones. La “Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción” puede ser una gran oportunidad para encontrar fórmulas y mecanismos eficaces para asegurar la probidad pública y restaurar la confianza de la ciudadanía en la política pero, para que ello ocurra, debe cumplirse una condición básica: no puede volver a pasar lo que sucedió con la Comisión para la Calidad de la Educación, es decir, convocar a personalidades, debatir proyectos, celebrar acuerdos y promulgar nuevas leyes para después borrar con el codo todo aquello que se escribió con la mano, tal como hizo el actual gobierno al terminar con el aporte de las familias a la educación de sus hijos, la selección por mérito académico y la participación de los sostenedores.

Si la Nueva Mayoría olvidó los acuerdos en educación que suscribió cuando era la Concertación ¿por qué debemos creer que en el futuro respetará los acuerdos que hoy alcance en materia de anticorrupción? Valorar las comisiones transversales y buscar acuerdos sólo en los momentos difíciles puede parecer una maniobra de sobrevivencia si después de superadas las dificultades no se cumple la palabra empeñada o se desprecian los consensos por tener mayoría en el Congreso. No es bueno jugar con la fe pública ni con la paciencia de la ciudadanía, hoy menos que nunca…

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