Uno de los problemas más graves de inequidad que Chile mantiene es el monto que las personas más vulnerables deben destinar al pago de medicamentos. Casi todos los mayores de 60 años deben consumir más de un medicamento al día para controlar alguna enfermedad crónica; y no existe una adecuada protección financiera para este gasto.
Así, muchos adultos mayores deben destinar más de la mitad de sus exiguas pensiones a gastos de farmacia; y un número alarmante de enfermos crónicos no puede cumplir con sus tratamientos por falta de recursos.
Una solución parcial a este problema ha venido de la mano de incorporar a casi la mitad de las 80 enfermedades Auge la garantía de acceso a medicamentos; pero la administración deficiente de los recursos, la falta de la coordinación con Cenabast para obtener los mejores precios, la timidez de esta misma agencia para importar directamente fármacos en caso de colusión y aumento de precios de los remedios, el bloqueo para crear una Agencia Nacional de Medicamentos autónoma, y la presión de profesionales porque se compren determinadas marcas produce que demasiadas veces las personas concurran a sus centros de salud y no se encuentren con los medicamentos que necesitan.
Todo un problema para las enfermedades frecuentes.
Adicionalmente, el avance de la medicina hace aparecer constantemente nuevos productos, no incluidos en el Auge, que nadie puede comprar por su elevadísimo precio, mantenido por laboratorios monopólicos y que se usan para el tratamiento de enfermedades graves e infrecuentes.
Algunos prometen milagros que no ocurren; pero otros son efectivos y mejoran la calidad de vida y la sobrevida. Se ha creado por ello el Fondo Nacional de Medicamentos, presente en la Ley de Presupuestos desde el año 2013; que ha permitido que un número importante de menores con enfermedades metabólicas tengan sus tratamientos garantizados.
Ahora, este fondo puede convertirse en la Ley Ricarte Soto, con un presupuesto específico, que es demasiado austero; y que en la práctica, no resolverá el problema de miles de pacientes que se han esperanzado.
Más aún, es seguro que lo que esta ley aumentará es aquello de lo que se quiso hacer cargo: las marchas de los enfermos se multiplicarán, los recursos de protección harán valer el derecho a la vida, y lo que se quiere ahorrar hoy se terminará gastando mañana.
Pregunta simple: ¿por qué no hacemos las cosas bien? ¿Para qué la obsecuencia de poder anunciar una ley el 21 de mayo que resultará peor que el problema del que se quiere hacer cargo?
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