Despachan proyecto sobre probidad de funcionarios públicos

Por aton chile

A tercer trámite legislativo pasó el proyecto sobre probidad en la función pública, luego de que la Sala del Senado concluyera el despacho en particular del proyecto que tiene por objeto regular este principio y la prevención de conflictos de intereses.

Ahora la Cámara de Diputados será la encargada de analizar los cambios propuestos por las comisiones de Gobierno y Hacienda que fueron respaldados por los senadores en sesión especial.

La votación se realizó se la siguiente manera:

– Con 34 votos a favor, se aprobaron las enmiendas unánimes, aquellas en los que hubo coincidencia entre las citadas comisiones, y aquellas propuestas por Hacienda y que fueron recogidas por Gobierno.

– En votación separada se aprobó por 29 votos a favor y 4 abstenciones, el artículo 8 relativo al procedimiento para la declaración de intereses. Este punto fue uno de los más discutidos pues concitó diversas apreciaciones sobre su constitucionalidad y sobre su real alcance para resolver los potenciales conflictos de interés.

El contenido del proyecto es el siguiente:

– Dispone que todo aquél que desempeñe funciones públicas, cualquiera que sea la calidad jurídica en que lo haga, deberá ejercerlas en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, con estricto apego al principio de probidad.

– Enumera los sujetos obligados a efectuar una declaración de intereses y patrimonio y establece su contenido, extendiéndola a todas las autoridades, incluidas aquéllas contratadas a honorarios con remuneraciones equivalentes a las del tercer nivel jerárquico.

– Obliga a dichos sujetos a efectuar una declaración jurada de intereses y patrimonio, de carácter público, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de asunción en el cargo, la que deberá actualizarse anualmente, así como también dentro de los 30 días posteriores a concluir sus funciones el declarante.

– La declaración de intereses y patrimonio y sus actualizaciones se realizarán en un formulario electrónico. Tratándose de autoridades superiores y de jefes de servicios, esta declaración y sus actualizaciones se publicarán en la página web del servicio hasta 6 meses después del cese de sus funciones.

– Fija el contenido mínimo que deberá cumplir la declaración de intereses y patrimonio, precisándose las actividades y bienes del declarante cuya inclusión es obligatoria.

– Dicha declaración deberá, además, comprender los bienes del cónyuge o conviviente civil, así como también las actividades profesionales, laborales, económicas, gremiales o de beneficencia que realice, sean o no remuneradas. Igualmente, se deberán incorporar en la declaración los bienes de los hijos.

– Establece las sanciones para quienes, estando obligados a efectuar o actualizar la declaración de intereses y patrimonio, no lo realizaren oportunamente o lo hicieren de manera incompleta, las que van de 5 a 50 UTM ($217.495 a $2.174.950) hasta la destitución del cargo del infractor.

– En caso de autoridades que tengan acciones cuyo valor total supere las 25.000 UF ($620 millones) se establecen dos alternativas: venderlas o bien, entregarlas a un mandatario para que las administre sin que los dueños se informen de su destino, figura conocida como “fideicomiso ciego”, estableciendo las normas que regirán esta modalidad.

– Regula la obligación de las autoridades que indica, de enajenar o renunciar a su participación en la propiedad de las empresas que tengan algún tipo de relación comercial con el Estado.

– Establece normas sobre la fiscalización de las normas de este proyecto de ley y de las sanciones por la infracción a la obligación de constituir mandatos y el respectivo procedimiento de reclamación.

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