Lo que Carabineros puede y no puede hacer para dispersar a manifestantes

Por Nathaly Lepe

Las últimas movilizaciones convocadas por los estudiantes han dado mucho que hablar, nos sólo por los desmanes y disturbios que se han producido al término de estas, sino también por el actuar de Carabineros al momento de tratar de resguardar el orden público.

De acuerdo con el documento donde se establecen los Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público, los efectivos de Fuerzas Especiales deben actuar siempre considerando los principios de “el respeto por la dignidad de las personas; uso de la fuerza sujeto a las máximas de legalidad, necesidad y proporcionalidad; trato humano y justo a las personas privadas de libertad de acuerdo a su edad y sexo, finalmente, responsabilidad profesional de los jefes operativos”.

Dicho documento fue revisado en 2012 por la Dirección General de la institución, trabajo que concluyó en marzo de 2013 y se elaboró “a partir de la experiencia y los seque,as de trabajo en uso por la Prefectura de Fuerzas Especiales”.

El documento identifica cinco procedimientos policiales relacionados con el mantenimiento del orden público en manifestaciones y marchas. Tras ser revisado en en julio de 2014 se tradujo en una sistematización de 30 actuaciones policiales, las que se ajustan a la normativa nacional e internacional “demostrando con ello el compromiso institucional con el respeto y protección de la vida, la integridad y la dignidad humana”.

¿Qué dice el protocolo?

El documento se refiere a una serie de acciones en frente a distintos tipos de movilizaciones, caracterizandolas  como manifestaciones pacíficas con y sin autorización, intervención en manifestaciones violentas e intervención en manifestaciones agresivas. Cabe mencionar que sólo en las tres últimas Carabineros debe utilizar el carro lanzaaguas para dispersar a los manifestantes.

Sobre el uso de este elemento, se establece en un apartado, entre otras cosas que “el agua se utilizará contra grupos específicos de manifestantes que desobedezcan las instrucciones de la autoridad policial”.

El documento plantea además que “se deberá evitar que generen lesiones en las personas considerando el uso diferenciado y gradual de los medios”.

Por otra parte, el protocolo regula también el empleo “del bastón antidisturbios”. Sobre este elemento, se establece  en primer lugar es un arma defensiva, que sólo debe extraerse para repeler una agresión. “Su uso estará destinado a bloquear golpes y reducir atacantes identificados”.

“Constituye una mala práctica portarlo en las manos sin que exista la necesidad de uso inminente”.

En la misma línea, el documento deja claro que  los golpes defensivos deben dirigirse a zonas del cuerpo en que cuyos traumas generen el mayor riesgo de lesiones.

Violencia innecesaria

Con los casos registrados en la marcha del pasado 21 de mayo, donde resultó herido Rodrigo Avilés, se ha puesto en la palestra el actuar de los efectivos uniformados y se ha hablado incluso de la necesidad de revisar el protocolo.

Según explica  el director de Departamento de Derecho Penal Universidad Andrés Bello, Gustavo Balmaceda, hay que considerar que cuando no se cumple el protocolo, Carabineros se expone, como miembros de las Fuerzas Armadas, a una eventual delito que se denomina violencia innecesaria.

Sin embargo, el académico plantea que probar este delito es bastante más complejo de lo que parece. “Básicamente es aquella que va más allá de los protocolos previamente establecidos según la clase de revueltas para reestablecer el orden y la seguridad pública”.

Por lo mismo, se debe considerar la situación en que se registra “Un mismo evento en una situación A o en una situación B, pese a ser el mismo chorro de agua, por ejemplo, , puede ser violencia innecesaria, como puede no serlo, porque va a depender de la entidad de la agresión”.

A eso se debe sumar que Carabineros actúa frente a situaciones de emergencia y  de peligro público, “entonces es muy difícil en el caso en concreto, establecer un parámetro objetivo y concreto de cómo se debe actuar”.

Balmaceda acota que la idea de estos protocolos “es evitar la arbitrariedad y los abusos a los ciudadanos, pero también hay que tomar en consideración que la policía se encuentra para reestablecer el orden y la seguridad pública”.

El problema, agrega es que “si empieza una cacería de brujas en contra del actuar policial vamos a terminar, me parece a mí, en una situación bastante incómoda, porque nos vamos a encontrar frente a policías que no van a querer reestablecer la seguridad pública por miedo a ser objeto de una persecución penal y perder su fuente de trabajo”. 

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