Estudio: de 72 ciudades, solo 10 podrían ofrecer gratuidad en IP y CFT en 2016

Por aton chile

Un estudio realizado por la Fundación Acción Educar, demuestra que, de una muestra de 72 ciudades del país, solo 10 de ellas cuentan con Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) acreditados y sin fines de lucro, dos requisitos básicos para que los estudiantes de estas instituciones puedan optar al beneficio de la gratuidad que rige a partir de 2016.

Según publica esta mañana el diario La Tercera, la investigación realizada por la fundación “dedicada al estudio, análisis y debate sobre educación”, concluye que sólo el 9% de la matrícula total en instituciones de educación superior técnico profesional (IP o CFT), corresponde a establecimientos acreditados y sin fines de lucro que, dadas estas características, cumplen con los requisitos para acceder a la gratuidad.

En contraste, el estudio de Acción Educar, demuestra que, un 29%, de los estudiantes de pregrado de la educación superior no universitaria, asiste a CFT e IP acreditados, pero que aparecen constituidos como sociedades comerciales, situación que los inhabilita para acceder a la gratuidad.

Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar y asesor del gobierno de Sebastián Piñera en materia de educación, criticó la legislación sobre gratuidad, su carácter centralista, y su efecto discriminador: “La improvisación con que esta medida fue anunciada puede llegar a tener como efecto el incentivar el centralismo” y luego detalló: “hay 29 ciudades que tienen IP o CFT acreditados, pero cuyos alumnos no podrán acceder a la gratuidad porque se trata de organizaciones con lucro y no tienen cómo, en la misma ciudad, acceder al beneficio, al no haber allí uno sin lucro. Por lo tanto, existiendo instituciones disponibles y un sistema que funciona, se los está excluyendo sin ninguna justificación”, explicó.

Crítico de que se excluya del beneficio de gratuidad a las instituciones de educación superior técnico profesional, con fines de lucro, se mostró también José Joaquín Brunner, ex ministro de la Concertación y experto en políticas educativas.

El académico de la Universidad Diego Portales parte de la base de que, en la actualidad, la ley permite que las instituciones técnicas tengan fines de lucro. “El gobierno en este caso no debiera partir prohibiendo que las instituciones con fines de lucro participen, porque éstas han sido creadas y actúan de acuerdo a la ley, entonces debería incluir a todos los IP y CFT que cumplan con estar acreditados” aseveró el experto.

En oposición a lo planteado por Brunner, el también académico de la Universidad Diego Portales, Felipe Salazar, opinó que las medidas de regulación del sistema educativo deben ser prioritarias: “Si bien se ha dicho que el beneficiado por la política tiene que ser el estudiante y no las instituciones, tampoco podemos entregar financiamiento a los estudiantes a través de instituciones que el Estado no está dispuesto a financiar por problemas de calidad de los programas, de calidad institucional o de configuración orgánica”, señaló el coordinador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la U. Diego Portales.

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