Sólo un 34,7% de los estudiantes más vulnerables se beneficiaría de la gratuidad

Por ANDREA FUENTES

Se trata de una de las grandes promesas de campaña. Tras el discurso del 21 de mayo la Presidenta Michelle Bachelet aseguró que a partir del 2016 el 60% de los estudiantes más vulnerables del país accederían a la gratuidad en la educación superior.

Sin embargo, las exigencias planteadas por el Gobierno para acceder a la medida han puesto en discusión el real impacto que tendría este beneficio. El pertenecer a una universidad del Consejo de Rectores, o a una institución, ya sea IP o CFT, acreditada y sin fines de lucro deja fuera a un grupo importante de estudiantes que, pese a estar dentro de la población más vulnerable del país, no califican.

De acuerdo a un estudio desarrollado por Libertad y Desarrollo las restricciones planteadas beneficiarían sólo a un 34,7% de los alumnos pertenecientes al 60% de los estudiantes vulnerables.

En ese sentido, a juicio de María Paz Arzola, economista del Programa Social de Libertad y Desarrollo, la medida es discriminatoria y engañosa, sobre todo “considerando que los estudiantes vulnerables de las universidades del Consejo de Rectores ya son cubiertos por las becas. Son los estudiantes que no pertenecen a esta instituciones, y donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes vulnerables, los que no son cubiertos. Por eso creo que hablar de gratuidad no corresponde. Acá lo que se está haciendo es profundizar aún más el sistema que tenemos y discriminando al estudiante según la institución en la que estudia”. 

Otro aspecto importante que expone la investigación es que de los 100 institutos profesionales y centros de formación técnica que se registran en el Sistema de Información de Educación Superior sólo 39 están acreditados, y 7 cumplirían con el requisito de estar constituidos como fundación sin fines de lucro. De esta manera más de 250 mil estudiantes de la educación técnico profesional, que se encuentran dentro de la población más vulnerable del país, quedarían fuera. Cifra que representa más de un 80%.

“Es más anuncio que un cambio drástico”

El diputado Giorgio Jackson es uno de los que ha manifestado sus discrepancias con el anuncio de gratuidad parcial para la educación señalando que no es justificable que sólo se aplique para las universidades del Consejo de Rectores (Cruch) y a los institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados y sin fines de lucro. Sin embargo, indica que esta discriminación se viene dando desde el año 81, por lo que el debate tiene que ir más allá. 

“Si queremos hacernos cargo de un cambio real, un cambio radical, y darle gratuidad a los estudiantes, eso no se puede hacer a través de la ley de presupuesto”. En ese sentido el diputado, miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, hizo un llamado a “regular el sistema primero y discutir una ley de educación superior, ya que tratar de hacer esa regulación a través de la ley de presupuesto sería irresponsable”. 

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