En el último tiempo hemos visto cómo se han producido hechos delictuales de conmoción pública.
El denominado “portonazo” que ha afectado a personas públicamente conocidas, ha hecho patente un problema que se ha venido desarrollando sistemáticamente en nuestro país. No he escapado a esta escalada: hace un mes denuncié el quinto robo -en este año- a nuestra sede distrital en Conchalí, lo que es lamentable porque los locales que están en la misma cuadra también han sido afectados, sin que hasta ahora haya responsables. Esto, sin duda, incrementa la sensación de inseguridad ciudadana.
Como miembro de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, impulsé la propuesta de facultar a las policías para controlar la identidad de las personas. Hemos rechazado los ataques de algunos diputados que aseguran que esto se trata da la reposición de la detención por sospecha, una triste y macabra acción que se desarrolló durante la dictadura y que, lamentablemente, evoca recuerdos muy amargos. El control preventivo de identidad apunta a que la policía tenga la posibilidad de pedir una identificación para chequear si se presenta una de las 66.000 órdenes de detención pendientes en nuestro país. Es el caso de quien le disparó a un carabinero la semana pasada tenía precisamente una orden de captura por robo con intimidación.
Esto va en la línea de dotar a Carabineros y a la Policía de Investigaciones de mayores herramientas para luchar contra el delito y el narcotráfico.
La Presidenta Michelle Bachelet firmó recientemente el proyecto de “agenda corta” de seguridad ciudadana, que apunta a castigar los denominados “delitos comunes como lanzazos, asaltos, robos con armas, robos a casas, robos a casas comerciales y endurece las penas a delitos de alta connotación social. En la ocasión dijo: “Debemos endurecer el control y persecución de quienes, una y otra vez, burlan la ley generando en sus víctimas una sensación de impunidad”, agregó.
Cabe decir que esta iniciativa modifica al actual Código Penal para que los robos con violencia realizados por primera vez conduzcan a al menos un año de cárcel y que los reincidentes sean privados de libertad por dos tercios del total de la condena antes de postular a la libertad condicional. Por otra parte -entendiendo que la seguridad ciudadana no puede ser un tema de trincheras entre gobierno y oposición-, algunos diputados de la Nueva Mayoría llaman a unirnos a la campaña “Juntos contra la delincuencia”, lo que responde a la necesidad de trabajar transversalmente.
La seguridad ciudadana es un imperativo que la sociedad ha impuesto. Por ello, en la comisión de Seguridad Ciudadana nos hemos abocado a apoyar la agenda corta, para lo cual, Carabineros, Policía de Investigaciones, tribunales y legisladores son fundamentales.
En definitiva, nos hemos impuesto la tarea de dar una respuesta legislativa contundente para sentirnos seguros en nuestras casas, barrios y ciudades.
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