Se cumplen 10 años desde la implementación de una de las reformas de salud más trascendentes de nuestra historia. La creación del Auge, concebido como la cobertura del conjunto de enfermedades que mayor impacto en mortalidad y/o calidad de vida tienen en las personas ha sido exitosa. Ha producido cambios en el pronóstico de 80 enfermedades, ha garantizado equidad y es percibido por la ciudadanía como un gran avance.
Esperable, en la medida que las personas aumentan sus demandas, producto del envejecimiento y la disponibilidad de nuevos tratamientos, que se genere una mínima decepción.
El Auge es una reforma en proceso: la Superintendencia de Salud actúa con temor respecto a su deber esencial de defender a los ciudadanos que se atienden en el sector público, y tampoco tiene los instrumentos para fiscalizar a Fonasa; la garantía de calidad no se ha implementado y los beneficiarios de isapres activan las coberturas Auge en forma insuficiente. Asimismo, en uno de los aspectos centrales, como es la seguridad de contar con medicamentos para enfermedades crónicas, la demora en la implementación de la Ley de Fármacos y la debilidad de Cenabast como intermediador de grandes volúmenes de compra, sigue exponiendo a los más pobres a grandes gastos de bolsillo en remedios.
Desde el Ministerio de Salud se ha anticipado que el decreto presidencial que por ley debe formalizarse durante el primer trimestre del año 2016, no contemplaría por primera vez, un aumento de las patologías cubiertas, y sólo se haría una mínima revisión de las canastas que el sistema garantiza. Cabe recordar que el 2005 se incluyeron 25 enfermedades, el 2006 fueron 40, el 2007 llegaron a 56, el 2010 subieron a 69 y el 2013 a las actuales 80. Frenar este avance es una muy mala noticia. Chile requiere aumentar el gasto público en salud y el Auge ha probado ser un mecanismo serio y validado para hacerlo focalizadamente en quienes más lo necesitan.
En este contexto, y conociendo el trabajo de priorización que han hecho las comisiones Auge, es lícito proponer al menos lo siguiente:
En la cobertura preventiva, garantizar el control del joven sano hasta los 18 años. La experiencia piloto con más de 100 mil personas ha sido muy promisoria, para enfrentar tendencias suicidas, prevención de embarazo, adicciones, y conductas riesgosas para la salud que luego serán imposibles de cambiar.
Garantía Auge N° 81: atención dental para adolescentes hasta los 18 años. Garantía N° 82: enfermedades metabólicas de los niños y jóvenes con tratamientos probados y de altos costo. Considerando que la ley Ricarte Soto no dará esta cobertura al menos en tres años, nuestros niños no pueden seguir muriendo por condiciones que tienen solución. Garantía N° 83: Tratamiento quirúrgico de glaucoma. Garantía N° 84: tratamiento médico de la obesidad. Garantía N° 85: tratamiento de la dependencia al tabaco. Respecto a estas dos últimas, no parece razonable seguir implementando restricciones o medidas educativas sin que a quienes tienen una conducta patológica para alimentarse o una dura dependencia a la nicotina, no se les ofrezca una oportunidad de terapia.
Incluir estas cinco condiciones es relevante y justo. Es también posible. Requiere un aumento de la prima de aproximadamente 5%, y a pesar de las actuales estrecheces, hay espacio para hacerlo. Es sabido que el modelo Auge, una política de Estado, no es del agrado del actual Ejecutivo. Pero es un avance que permanecerá, y mejor más temprano que tarde, se hace más inclusivo.
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