Columna de Francisco de la Maza: Para el ciudadano, un derecho; para el gobierno, un deber

Por francisco de la maza

Que la seguridad es un derecho que poseen todas las personas y por lo tanto, un servicio que debe proveer el Estado, es una realidad que nadie discute. Tiene por finalidad que los miembros de la comunidad vivan en armonía y se sientan protegidos, tanto a nivel de su integridad física como de sus bienes. Por algo está consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con los derechos a la vida y a la libertad. Dicho de otra manera, la seguridad pública es un bien colectivo de orden superior.
Siendo así, resulta inconcebible e inaceptable la lentitud del Gobierno para enfrentar con firmeza y decisión la realidad del Chile de hoy, caracterizada por el creciente temor de las personas a ser víctimas de la delincuencia en la vía pública o al interior de sus hogares, con acciones cada vez más violentas y que denotan mayor grado de audacia y organización por parte de los hechores. El gobierno es el primer eslabón en la cadena de prevención del delito que integran además el Poder Legislativo, las policías, los fiscales, los tribunales de justicia, las municipalidades y los vecinos. Y como en cualquier proceso, si falla el primer eslabón, nada bueno se puede esperar.
Prueba de lo anterior es la demora de los poderes Ejecutivo y Legislativo en reponer a las policías las facultades legales para el control preventivo de identidad. Es vital para perseguir el delito en un país donde deambulan por las calles 66 mil personas con órdenes de detención pendiente y donde está comprobado que la mayoría de los asaltos a personas y hogares habitados lo realizan delincuentes jóvenes –la mayoría prontuariados- entre los 15 y 25 años que se movilizan en automóvil. La facultad de control preventivo de identidad que se reclama para Carabineros y la PDI no dista mucho de aquel que realiza el funcionario de una línea aérea al embarcar a un pasajero, el cajero de un banco al pagar un cheque o el conserje de un edificio al autorizar el ingreso de un visitante. Una medida así permitiría a la policía focalizar su trabajo en segmentos determinados, vastamente conocidos en el ámbito delictual, y evitaría la desmotivación policial que se produce cuando los jueces -ante la  carencia de este  mecanismo legal-  declaran ilegal una detención, a veces de consumados antisociales.
Pero el crítico estado que vive la seguridad en Chile también requiere de otras medidas como el endurecimiento de las penas, que debe considerar la cárcel como única sanción para aquel que cometa el delito de robo en lugar habitado, sobre todo si éste va acompañado de violencia en contra de los moradores, cosa que ocurre en la mayoría de los casos. Preocupante es el hecho de que en Chile, más del 90% de las denuncias de las víctimas de la delincuencia mueren en los archivos de las reparticiones que deberían castigarla.
La materialización del Banco Unificado de Datos pareciera ser otra acción urgente. No puede ser que las policías no compartan información relacionada con el mundo delictual. De no cambiar esta realidad, se seguirán duplicando los esfuerzos para reprimir el delito, se continuará entrabando la tarea de fiscales y jueces, y lo que es peor, los delincuentes seguirán gozando del tiempo necesario para escabullir el castigo que merecen.
Que la seguridad ciudadana es una tarea de todos es una verdad indesmentible. Las municipalidades y en particular en Las Condes, brindamos los esfuerzos y los recursos a nuestro alcance y en el marco de nuestra competencia, para aportar a la paz y tranquilidad de nuestros vecinos. De la misma manera, estamos conscientes y agradecidos  de la colaboración de la comunidad tras ese objetivo.
Por eso es que se extraña una acción más decidida del gobierno para dar respuesta eficiente y eficaz a este requerimiento. Se le ve más preocupado de dejar su huella ideológica en una nueva Constitución y en una serie de reformas, que de los problemas que afectan e importan a las personas. Y esta actitud no es trivial: dejar desprotegida a la ciudadanía bien podría ser considerado un notable abandono de deberes por parte de la autoridad.

Las opiniones aquí expresadas no son responsabilidad de Publimetro

 

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