Reducen condenas a ex marinos condenados por secuestro de mirista

Por AGENCIA UNO

Dos de los procesados por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el caso del sacerdote chileno británico Miguel R. Woodward fueron beneficiados con una rebaja de condena en otro caso de violaciones a Derechos Humanos que afectó a un joven militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Esto, luego que la Corte Suprema acogiera los recursos de casación, reduciendo las penas dictadas por el ministro Leopoldo Llanos en la investigación por el secuestro calificado de José Salazar Aguilera, ilícito perpetrado a partir del 22 de noviembre de 1974, en Valparaíso.

En fallo dividido la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Juan Eduardo Fuentes Belmar y Lamberto Cisternas- redujo las penas aplicadas a los integrantes del Servicio de Inteligencia de la Armada: el retirado capitán de navío Ricardo Riesco Cornejo y los  suboficiales de infantería de marina (r) Juan de Dios Reyes Basaur y Valentín Evaristo Riquelme Villalobos.

Los dos primeros están implicados en el caso del sacerdote que falleció en el Hospital Naval de Valparaíso el 22 de septiembre de 1973 a raíz de torturas. El tercero, en tanto, es sindicado como uno de los torturadores que operaron en el buque Escuela Esmeralda y en el Cuartel Silva Palma de Valparaíso.

La decisión de mayoría de la Corte Suprema  acogió la figura de la media prescripción para reducir la pena a los tres condenados. El fallo resalta que la prescripción gradual conforma una mitigante que por su carácter de regla de orden público es obligatoria para los jueces y que no se advierte “ninguna restricción constitucional, legal, de Derecho Convencional Internacional ni de ius cogens para su aplicación”.

La decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Juica y Brito, quienes rechazaron la aplicación de la media prescripción.

En el aspecto civil, también se acogió un recurso de casación y se ordena al Estado de Chile pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a Julia Aguilera Jara e igual monto a Gloria Salazar Aguilera, madre y hermana de la víctima, respectivamente.

En esta materia, la decisión se adoptó con el voto en contra del ministro Fuentes Belmar, que fue partidario de aplicar la prescripción de la acción civil.

Los hechos que en la etapa de investigación, el ministro Leopoldo Llanos dio por acreditado señalan que el 22 de noviembre de 1974, alrededor de las 02:00 horas, el estudiante de Servicio Social de la Universidad de Chile, sede Temuco y militante del MIR, José Alberto Salazar Aguilera, fue detenido por agentes del Servicio de Inteligencia de la Armada en calle Victoria de Valparaíso e ingresado en una celda de incomunicación.

Ese mismo día, horas más tarde fue y conducido hasta el domicilio en que arrendaba una pieza, en Viña del Mar intentó fugarse y se subió a un microbús siendo luego baleado.

“Sangraba mucho y fue bajado del autobús por cuatro personas. Salazar fue conducido al Hospital Naval en donde permaneció hasta el 6 de diciembre de 1974, fecha en que fue llevado al cuartel Silva Palma. En este recinto fue visto por última vez por numerosos testigos”, asegura la investigación del juez Llanos.

Contenido Patrocinado
Loading...
Revisa el siguiente artículo