A través de los medios de comunicación, hemos sido testigo de las condiciones inhumanas en que han mantenido a más de 40 abuelos en el asilo Santa Teresita de Melipilla. Nos muestra y ratifica la existencia de una realidad que debemos erradicar en nuestro país. Los diversos tipos de maltratos a los que están expuestos los adultos mayores nos debe hacer reflexionar si como sociedad hemos tomado los resguardos necesarios para evitar este tipo de abusos.
Según los estudios del Servicio Nacional de Adulto Mayor, el 82% de los adultos mayores declara que alguien está a cargo de sus cuidados, de los cuales el 90% corresponde a familiares y el 10% a terceros. Su calidad de vida depende en gran medida de los cuidados de los familiares y/o instituciones que estén a su cargo. Por ello se hace necesario regular y fiscalizar, pero además, sancionar los actos u omisiones que vulneren sus derechos y dignidad.
Es preciso identificar los diversos tipos de maltratos que existen. La agresión física y sicológica son sólo las expresiones más evidentes, sin embargo, la explotación o apropiación de sus bienes sin consentimiento o con consentimiento viciado bajo un engaño o una estafa, son situaciones que deben ser también sancionadas.
También es necesario visibilizar el daño que se puede provocar en el plano sicológico. Situaciones de angustia, pena, estrés, agresión de su identidad y la generación de sentimientos de inseguridad, constituye un tipo maltrato silencioso que debemos atender.
Nuestra legislación debe otorgar mayores garantías y resguardo a nuestra tercera edad. Sancionar a los maltratadores con penas de presidio e inhabilitarlos de ejercer profesión, oficio y/o empleo es una medida que va en directo beneficio a quienes hoy en día están en una situación de dependencia absoluta de su cuidador y están expuestos a estos riesgos.
Es hora de avanzar en políticas públicas que protejan efectivamente los derechos de los adultos mayores y que sea una tarea que asuma el Estado. Como sociedad tenemos que avanzar en colocar este tema en el debate público desde una perspectiva del respeto de derechos básicos que tiene toda persona.
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