Chile y Bolivia aguardan con indisimulada ansiedad el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Ello porque sus pronunciamientos, se admita o no, brindan legitimidad a una de las partes en pugna. Si el tribunal se declarara competente y acepta la demanda boliviana en La Paz ello será considerado como un espaldarazo. Aunque no tendrá ningún impacto sobre el fondo del tema que es el trazado de las respectivas fronteras nacionales. Pero permitiría a Bolivia afirmar: ven, como lo hemos dicho, hay un litigio pendiente con Chile.
En Santiago, en cambio, que ha alegado que la CIJ no tiene competencia para juzgar el caso, habrá cierto desencanto ante la perspectiva de años de litigio. El ideal para Chile es que la CIJ se inhabilite y así quede cerrada la ruta de un fallo internacional.
Pero, pase lo que pase, nada cambiará en lo inmediato para ninguno de los países, pues se trata de un fallo sobre las denominadas “excepciones preliminares”.
A menudo es difícil predecir cómo actuará una corte nacional. Saber cómo fallará un tribunal internacional, integrado por una legión de jueces provenientes de países muy diversos, es aún más azaroso. Aunque, claro, tienen algo en común, aparte de distinguidas carreras y altos sueldos, y ello es impartir justicia y, por sobre todo, evitar que los conflictos pasen a mayores.
La tarea de la CIJ, junto con aplicar el derecho, es velar por la paz entre los litigantes.
Como es bien sabido los tratados y leyes internacionales tienen un amplio margen de interpretación. En ese contexto la tarea clave de la CIJ, en el marco del sistema de Naciones Unidas en la cual se enmarca, es hacer lo que está a su alcance para buscar la concordia entre estados. Si al final los litigantes dicen: es preferible un mal fallo que una buena guerra (que no las hay) habrá logrado su cometido.
Ello lleva a que la CIJ no sólo considere la jurisprudencia y leyes, sino que también el impacto político de sus sentencias.
Es lo que muchos chilenos le imputaron tras el fallo en la reclamación marítima peruana. La inconformidad fue resumida en el llamado “fallo salomónico”. Algo para satisfacer a cada parte aunque en derecho, quizá, ello no correspondiese.
En el diferendo entre Chile y Perú ambos países dijeron, en todo momento, que acatarían el fallo fuese cual fuese. No es el caso en esta oportunidad. Si la CIJ favoreciera a Bolivia este país exigirá el cumplimiento de la resolución. Pero ante un fallo adverso La Paz ya ha dicho que mantendrá su “reivindicación histórica” de una salida al océano Pacífico.
Chile mantiene su postura tradicional sobre la intangibilidad de tratados que ya han zanjado las fronteras y las prestaciones portuarias correspondientes.
El mar más allá de La Haya
El presidente Evo Morales advirtió: “Si en esta demanda no nos fuera bien, ni se imaginan ustedes que tenemos planes mucho más interesantes que esta primera etapa de batalla legal en la comunidad internacional”. Heraldo Muñoz, el canciller chileno, a su vez, viene de declarar: “Tarde o temprano Bolivia tendrá que entender que no puede obligar a Chile a concederle territorio”. A buen entendedor pocas palabras: un diferendo sin visos de solución, diga lo que se diga en La Haya.
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