Columna de Magdalena Piñera: Transantiago en la educación

La Reforma Educacional es peligrosamente parecida al Transantiago. En primer lugar, ambas reformas tienen a la Presidenta Bachelet como principal impulsora. Ambas medidas son producto de la “ingeniería social”, pues fueron diseñadas desde el Estado por un grupo técnico que no experimentará los efectos de las mismas. Y, en tercer lugar, las dos políticas públicas han estado marcadas por constantes improvisaciones.

Sabemos que el Transantiago nunca ha funcionado según lo prometido y parece que la Reforma Educacional tampoco lo hará.

Aunque la gratuidad de la educación superior fue la gran promesa de la campaña de Bachelet, hasta ahora y sólo contando este año se ha cambiado más de 7 veces la forma en que ella se materializará.

El pasado 21 de mayo la Presidenta anunció que adelantaría la gratuidad de la educación superior para el 2016 y que ella beneficiaría al 60% de los estudiantes más vulnerables de las universidades del Cruch y CFT e IP acreditados y sin fines de lucro, descartando las becas y créditos.

El 4 de junio, el entonces ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, se abrió a la posibilidad de incluir a algunas universidades privadas. El 14 de julio, la nueva ministra de Educación, Adriana Delpiano, descarta lo anterior y dice que sólo se aplicará al Cruch.

El 3 de agosto, se anuncia que beneficiará al 50% de los alumnos más vulnerables y que se incluirá a algunas universidades privadas.

El 20 de agosto, el Ministerio de Educación publica un documento en su web estableciendo la gratuidad sólo para las universidades estatales del Cruch y con nuevos requisitos para el resto.

Posteriormente, la ministra Delpiano dijo que el documento era sólo un “borrador” y que los criterios son otros.  Días después, Delpiano señaló que la gratuidad a través de las becas “era una opción” pero después lo descartó. Finalmente, algunos parlamentarios, han reconocido que el presupuesto de gratuidad para el 2016 se reduciría de US$ 430 millones a US$ 300 millones.

Este constante zigzagueo del Gobierno provoca incertidumbre en las instituciones de educación superior y, aún más grave, en los estudiantes y sus familias. No sabemos qué universidades e institutos serán gratis; no sabemos qué estudiantes y cuántos recibirán este beneficio; no sabemos qué requisitos deben cumplirse para acceder a ella; no sabemos si cubrirá los años de la carrera o más tiempo, y no sabemos cuánto le costará a Chile ofrecer y mantener este sistema de financiamiento.

Lo que sí sabemos es que con la gratuidad universal los alumnos del 20% más rico de Chile recibirán anualmente alrededor de USD$1.147 para pagar sus estudios. Y eso es injusto.

También sabemos que con la gratuidad universal se amplía y fortalece el poder del Estado en detrimento de las libertades de los estudiantes más pobres y de las universidades que se acojan a este sistema.

Esto último se evidencia en las palabras del jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, cuando refiriéndose a los objetivos de esta reforma, expresó en este mismo diario: “Así, la relación entre el estudiante y la institución es reemplazada por el Estado y la institución”.

Así, con esta reforma el Estado no sólo reemplazará al estudiante en su relación con la institución -como lo reconoció la autoridad del Mineduc- ya que, con la ya aprobada Reforma Educacional, también se cumple ese lamentable objetivo pues, al eliminar el lucro, el Estado reemplazó al sostenedor; al suprimir la selección, el Estado reemplazó al colegio y, al prohibir el copago, el Estado reemplazó a la familia.

De esta manera, tenemos un nuevo Transantiago pero esta vez en la educación escolar y superior.

Una política pública improvisada, ideologizada y regresiva que significa más poder para el Estado, más gasto fiscal y más regulaciones burocráticas que no significarán una educación mejor ni más inclusiva como merecen los chilenos.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro

 

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