Relator ONU pide a Chile terminar con "vestigios de la dictadura"

Al respecto, solicitó poner fin al decreto que establece que las manifestaciones públicas deben ser autorizadas por la autoridad y que permite a Carabineros disolver aquellas que no cuenten con dicha autorización.

Por ATON

El relator de la ONU sobre el derecho de reunión y asociación, Maina Kiai, instó al Estado de Chile a terminar con los “vestigios de la dictadura” que, según dijo, limitan el pleno goce de la libertad de reunión pacífica pese a los avances de los últimos 25 años en materia de Derechos Humanos.

Maina Kiai entregó en la Cepal las conclusiones preliminares de su misión en nuestro país. Emplazó al gobierno a derogar el Decreto Supremo N°1086 de 1983, que establece que las manifestaciones públicas deben ser autorizadas por la autoridad y que permite a Carabineros disolver aquellas que no cuenten con dicha autorización.

Maina Kiai también manifestó preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, lo que ha derivado en graves violaciones de derechos.

A modo de ejemplo citó el caso de Nelson Quichillao, trabajador contratista de Codelco fallecido durante las últimas manifestaciones en El Salvador, y el de Rodrigo Avilés, herido de gravedad por un carro lanza agua durante las protestas del 21 de mayo en Valparaíso.

Sobre el proceder de Carabineros, indicó que “la presencia de unas pocas personas que cometen actos de violencia dentro y alrededor de una protesta no autoriza a Carabineros para etiquetar como violenta a la manifestación completa. Más bien, estos elementos violentos se deberían aislar de la protesta y ser tratados acorde al estado de derecho”.

“De hecho, el fracaso persistente en lidiar con estas pocas personas violentas plantea dudas acerca de las razones de la inacción de parte de Carabineros debido a que estos manifestantes violentos perjudican la imagen y la eficacia de las manifestaciones públicas”, agregó el experto.

El relator especial también se mostró preocupado por las modificaciones legales en trámite sobre el control preventivo de identidad, tendientes a otorgarle mayor discrecionalidad a Carabineros en este procedimiento ya establecido en el Código Procesal Penal.

Aseguró que la práctica de detener a personas al azar – sin evidencia concreta de un crimen – tiene el potencial de aplacar el ejercicio del derecho de reunión pacífica.

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