Polémica por licitación de Junaeb a empresa en quiebra que entrega alimentos escolares

Tres pymes afectadas por un concesonario del Programa de Alimentos Escolares que quebró. Desde Junaeb destacan que la Contraloría lleva una investigación del caso.

Por Daniel Inostroza

Tres pequeñas empresas son afectadas por un monto de 350 millones que se les adeuda por parte de la concesionaria Serco Maule, que se declaró en quiebra y rescindió del contrato de licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que firmo a principio de año con Junaeb. La diputada Andrea Molina, denunciante del caso, señala al respecto que “lo realmente grave aquí es que Junaeb, una rama del Estado, permitió que una empresa que se encontraba en Dicom se adjudicara la licitación para el programa de alimentación escolar”.

La parlamentaria agrega que “denuncié esto hace cerca de un mes, pero el Gobierno aún no responde y ya contamos con tres PYMES que en total registran una deuda de más de 350 millones de pesos tras abastecer a la empresa en quiebra Serco Maule”. Los más afectados son los dueños de estas pequeñas y medianas empresas que, a juicio de Molina, prácticamente perdieron su negocio por abastecer a concesionarios vinculados al programa de alimentación escolar de Junaeb.

“Exigimos saber cuál fue el proceso de licitación de Serco Maule y porqué se permitió que entrara en el concurso estando en Dicom con una deuda que hoy va en $2.400 millones, exponiendo no solo a pequeñas empresas a pérdidas millonarias que confiaron en la transparencia y responsabilidad del Estado sino que además, a miles de niños en situación de vulnerabilidad. ¿A todos ellos, quién les responde?”, criticó la diputada por la Quinta Región.

Al respecto, Clark Contreras Collado, representante de la Sociedad Comercializadora Hobe, que en la actualidad registra una deuda de 120 millones,  declaro que “presentamos tres acciones civiles respecto de obligaciones comerciales que teníamos directamente con Serco Maule por facturas impagas pero también ejercimos acciones en contra de Junaeb ante la Fiscalía Nacional Económica, ya que adjudicó licitación a una empresa que a todas luces tiene problemas económicos”.

El abogado destacó además que cualquier “empresa que se va a adjudicar una licitación debe tener impecable registro comercial laboral y esta empresa no lo tenía, ya que al momento de la licitación contaba con una deuda de aproximadamente 5 mil millones de pesos con un factoring y montos impagos de cotizaciones previsionales con algunos trabajadores. Esta información impediría a cualquier empresa a poder ponerse incluso en el listado de adjudicaciones”.

En esta misma línea, Juan Andrés Peirano, representante de la empresa La Provant, que adeuda 220 millones de pesos, señaló que “nos parece inaceptable que Serco Maule aún tenga contrato vigente con Junaeb y además creemos que es una burla que al recurrir a la empresa en quiebra nos haya ofrecido comprar la deuda en un 5% del capital. Aquí el gobierno tiene que dar la cara por toda esta gente que confió en los mismos sujetos que valida hoy este Gobierno, ya que se está produciendo un perjuicio y se está llevando a dos pymes a la quiebra”.
 
Desde Junaeb, su director nacional Cristóbal Acevedo, que asumió en el cargo hace tres semanas, accedió a conversar con Publimetro para exponer la postura del Ejecutivo en este conflicto. Y respecto del proceso de licitación y la condición financiera de Serco Maule declaró que “hasta el año pasado no existía una obligación de excluir de la licitación a las empresas que presentaran antecedentes comerciales (…) por lo que jurídicamente Junaeb no pudo excluir a empresas que presentaban estos antecedentes”.

En el caso particular de Serco Maule, Acevedo señala que se realizó un seguimiento y que había “cierta tranquilidad” hasta el fallecimiento de su dueño. “Con eso se activan los cobros de todos los créditos y por eso la empresa quiebra. Esos son los hechos”.

En relación a lo que Juanes está haciendo hoy para remediar este tipo de situaciones, Acevedo aclara que “la Contraloría está haciendo un análisis sobre el proceso de licitación hacia atrás para establecer las responsabilidades” y ese informe se conocerá en los próximos meses. Agrega que desde ahora “aquellas empresas que tengan antecedentes comerciales van a quedar automáticamente fuera de cualquier licitación” y que además “exigiremos una boleta de garantía que proteja a los proveedores de nuestros concesionarios en caso de quiebra para que situaciones como esta no se repitan”.  

 

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