Hacienda congela sueldos de directores y ejecutivos de empresas del Estado

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Directores y altos ejecutivos de empresas y sociedades estatales mantendrán congelados sus sueldos hasta diciembre de 2016. Así lo instruyó el Ministerio de Hacienda al publicar dos oficios enviados al consejo directivo del Sistema de Empresas Públicas (SEP).

 

La iniciativa había sido anunciada a fines de septiembre en el marco de las medidas de austeridad acordadas entre el Congreso y la cartera de Hacienda. En términos concretos, los oficios instruyen a no reajustar según alza de inflación por 15 meses “las dietas de los directores y los salarios de los ejecutivos superiores de las compañías controladas en más de 50% por el Estado”.

 

El oficio señala que “como es de su conocimiento, el país enfrenta un restrictivo escenario fiscal para el año 2016, lo que ha puesto en la obligación de tomar e implementar una serie de medidas en orden a privilegiar la austeridad fiscal de todas las instituciones del Estado”.

 

En el caso de los miembros de directores de las compañías cuyas dietas estén fijadas en UTM, se instruye “fijar dichos montos en pesos, de acuerdo al valor actual de la UTM, hasta diciembre de 2016”. En todo caso, dicho ajuste debe ser sometido a consideración del Consejo SEP y luego aprobado en una junta extraordinaria de accionistas de cada sociedad.

 

Por su parte, las remuneraciones de los altos ejecutivos “se solicita ajustar la cláusula (de reajustabilidad según IPC), acordando entre las partes la fijación en pesos de las remuneraciones actuales, hasta diciembre de 2016”.

 

Al momento de fijar estas medidas de austeridad, también se acordó mantener los sueldos de altas autoridades de Gobierno, lo que afectaría a la Presidenta Bachelet, ministros, subsecretarios, senadores, diputados, entre otros.

 

Criterios al interior de empresas del Estado

 

El oficio revelado por el Ministerio de Hacienda, agrega que es necesario “actualizar las instrucciones y criterios que deben observar las empresas del Estado” al momento de negociar colectivamente, establecer remuneraciones y políticas de personal.

 

Entre ellas, señala la singularidad de la empresa, por tanto, “no podrán pactarse remuneraciones ni beneficios que no den cuenta de la realidad de cada empresa”, expresa el documento.

 

En cuanto a la negociación colectiva, los costos totales de un nuevo contrato colectivo “no podrán exceder de un 1% real promedio anual”, en relación al contrato colectivo vigente.

 

A su vez, tres meses antes del vencimiento del contrato colectivo vigente, la empresa deberá informarle al Ministerio de Hacienda, el que podrá solicitar información “que estime pertinente” sobre dicho documento.

 

Por otro lado, los beneficios logrados en la negociación colectiva no podrán extenderse al estamento ejecutivo, y aquellos que estén directamente relacionados con la determinación de rentas, indemnizaciones y beneficios, deberán inhabilitarse de participar en éstas.

 

 

 

DP/CA

 

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