Los 12 cambios que necesita la Ley para bajar niveles de delincuencia juvenil

Desde el 2007, cuando se dictó la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), hasta el año pasado, cerca de 379.753 casos judiciales fueron protagonizados por adolescentes.

Por Nathaly Lepe

Han pasado ocho años de la entrada en vigencia de la Ley N°20.084, cuyo principal objetivo fue crear una norma que respondiera al compromiso pactado por el Estado chileno de respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes al hacerse parte de la Convención de los Derechos del Niño en 1990. 

Desde el 2007, cuando se dictó la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), hasta el año pasado, cerca de 379.753 casos judiciales fueron protagonizados por adolescentes. 

Por esta razón, y pensando en la respuesta oportuna que necesitan esos jóvenes del Sistema de Justicia Juvenil, es que la Comisión de Evaluación de La Ley, conformada por diputados chilenos, revisaron y entregaron sus conclusiones respecto de los 12 puntos necesarios para lograr una mejora en la normativa vigente. 

Para realizar la evaluación de RPA se realizaron un total de 18 entrevistas a diversas instituciones implementadoras de la norma y expertos, entre los que destacan: SENAME, Ministerio de Justicia, Jueces de Garantía de Santiago y Valparaíso, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile, Gendarmería de Chile, psicólogos, psiquiatras y juristas especialistas en adolescentes infractores de ley.

El encargado de presentar las conclusiones del informe, fue el diputado de la DC Pablo Lorenzini, quien sostuvo que tras esta ley, se debe tener siempre en consideración que hay un tema ciudadano, que no se trata solo de “la privación de libertad, que es un bien básico en la vida, sino también está la dignidad después, cómo prevenimos, cómo reinsertamos, los que son menores de los que son mayores”.

Por lo mismo, el parlamentario adelantó que se formulará una propuesta legal antes de fines de enero, que espera sea respaldada por el Ejecutivo y respecto de los cuestionamientos por la alta reincidencia, el diputado Lorenzini señaló que se debe revisar la ley, pero que muchos no son partidarios solo de aumentar el tema punitivo, “sino trabajar en el preventivo y luego en la reinserción, dar la posibilidad que no sea solo reclusión sino recuperar a ese muchacho para la vida”.

Los cambios propuestos 

De acuerdo con el informe que revisó la Ley sobre RPA, de las 12 conclusiones propuestas, tres van en la línea de generar cambios para potenciar la institucionalidad vinculada a esta materia. 

Un aspecto que de acuerdo el profesor de Derecho Penal de la Universidad Central, Alejandro Hurtado, es necesario pero no imperativo. “Tenemos la gente especializada, por eso lo que hay que revisar es la normativa en su conjunto pero también las organizaciones que trabajan en forma aparejada”. 

El informe final apuntó además a la necesidad de establecer cambios en las sanciones, principalmente en aquellas que no operan en función del objetivo de la ley, cual es reinsertar a los jóvenes socialmente.

En esta línea, los tres principales aspectos a modificar son el uso de sanciones como la multa y la amonestación que no operan en función del objetivo de la ley, la reparación del daño, que es una buena instancia para responsabilizar a los adolescentes y en la actualidad no está siendo utilizada y la forma en que los jóvenes conocen el sistema e incumplen la sanción de Servicio en Beneficio de la Comunidad para acceder a lo que ellos consideran como una firma mensual.

Para el abogado y especialista en Derecho Penal hacer estos cambios, si son necesarios, porque hay muchas sanciones que “no logran nada y por el contrario, son risibles para muchos”. 

Por lo mismo, Hurtado cree necesario avanzar no sólo en penas más duras para los menores que delinquen, sino también en modificar la edad en la que los jóvenes son imputables ante la Ley. 

“Hay que estudiar la rebaja de edad. Vemos en los famosos ‘portonazos’ chiquillos que tienen diez u once años, y ellos saben y los adultos que delinquen con ellos, saben que hay ciertos límites de edad, por tanto trabajan con chiquillos menores de catorce”. 

“Debemos avanzar en la rebaja de edad, en el aumento de sanciones, pero también en lo relativo al sistema e su conjunto. No es una modificación de un día para otro. Hay que analizarlo seriamente porque cuando modifico una norma, tengo que tener cuidado con todas las normas que se modifican con ello, porque si no se realiza un desbarajuste enorme y se termina modificando, modificando y volviendo a modificar”, sentencia. 

Por su parte, el diputado Lorenzini postula sobre la opción de aumentar las penalidades para los adolescentes, que lo “punitivo por lo punitivo no funciona” y que se tiene que acompañar de oportunidades previas de compensar con otro tipo de actividades.

En esa línea, dijo que así como a veces se establecen salidas alternativas para delitos en los que se involucra a empresarios o políticos, si eso se hace con los que tienen poder, con los mayores, también, entonces, con los jóvenes se debiera intentar buscar previnir que el delito vuelva a ocurrir. “Pero no es todo blanco o negro”, enfatizó el diputado Lorenzini.

Para leer el informe completo sobre la Ley Nº 20.084 ingrese aquí. 

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