Columna de Maya Fernández: Una nueva Constitución para nuestro país

La Presidenta de la República ha diseñado un camino para implementar el proceso de elaboración de una nueva Constitución que contiene los tres elementos que fueron expresados en su programa de gobierno: participativo, democrático e institucional.
 
El camino trazado debe enfrentar un gran obstáculo: obtener una mayoría de dos tercios en el Parlamento para introducir una modificación a la actual Constitución que establece los mecanismos para elaborar una nueva Carta Fundamental. Será un momento difícil, en el cual puede producirse el bloqueo de una minoría tendiente a mantener la actual Constitución.

Chile se encuentra viviendo transformaciones sociopolíticas importantes. Se ha conformado una sociedad civil empoderada con una ciudadanía más exigente de sus derechos. En nuestra sociedad hay más democracia que antes.

La actual Constitución no responde a la realidad del Chile de hoy. Un pacto digno y justo en el que podamos abordar diversos temas pendientes: pueblos originarios, medio ambiente, prácticas democráticas y participativas de la sociedad, recursos naturales como patrimonio de los chilenos, descentralización, diversidad.

Pero un tema fundamental que una nueva Constitución debe abordar es la idea de que la libertad de las personas depende de la igualdad. En nuestro debate público se ha querido instalar la idea de que la igualdad atenta en contra de la libertad, eso es incorrecto. Por ejemplo, una persona que no tiene educación de calidad es menos libre que una persona que sí la tiene, porque sus posibilidades para desarrollar sus capacidades son mucho menores y eso la hace menos libre. Por eso se necesita garantizar algunos derechos sociales.

Requerimos de una Constitución que promueva la libertad de todas las personas para que puedan desarrollarse, ello implica derechos sociales garantizados para todos. La libertad que nos ofrece la actual Constitución del 80 se asemeja más al abandono, promueve un tipo de sociedad en que la libertad la tiene aquel que posee los recursos para vivirla.

El problema de legitimidad de la actual Constitución está instalado en la opinión pública, el costo de no hacerse cargo de esta realidad sería muy alto para nuestra sociedad.

La estrategia negacionista que no reconoce el problema político que porta la Constitución del 80 puede generar heridas profundas en nuestra convivencia. Me sumo al llamado realizado para que todos los sectores participen del proceso de la elaboración de una Constitución legítima nacida en democracia.

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