Columna de Daniel Farcas: Papelera, una colusión criminal

El caso de colusión que involucra a Cmpc y a ex Pisa constituye, sin lugar a dudas, uno de los casos más paradigmáticos de colusión que hemos conocido en los últimos años, esto porque la participación en el mercado de ambas empresas alcanza el 90%.

Esto implica que nos encontramos  frente a una organización que se ha concertado para perjudicar a la competencia, a los consumidores, y dentro de ellos, al propio Estado, utilizando un método diseñado deliberadamente para infringir la ley, con un grado de sofisticación sólo asimilable a bandas de narcotráfico o de crimen organizado.
    
Sin embargo, y pese a la gravedad de los hechos, nuestra legislación hasta ahora contempla sólo multas en contra de las empresas que incurran en este tipo de prácticas; multas que por cierto son muy inferiores a las ganancias generadas por la colusión, lo que finalmente se convierte en un incentivo perverso, pues aún pagando dichas multas, las empresas coludidas aumentan sustancialmente sus ganancias.

Es por ello que valoramos que el Gobierno nos escuchara y pusiera suma urgencia al proyecto de ley que sanciona la colusión, el cual ya aprobamos en la Comisión de Economía, y que establece penas que van desde los 5 años y un día, hasta los 10 años de presidio.

Al respecto, es importante señalar que en el pasado, el DL211 contemplaba sanciones al delito de colusión, lo cual fue derogado el año 2003 cuando se creó la figura de la delación compensada. Esto fue sin duda un grave error, pues permitió que se instalara una verdadera cultura de la impunidad en algunos sectores del empresariado, al punto de que algunos ejecutivos sintieran que no estaban frente a un ilícito, y que incluso se jactaran de las utilidades que las prácticas de colusión les reportaban.

Si bien la medida antes mencionada constituye un avance importante para disuadir a otros actores de coludirse, pues sanciona con fuerza a quienes lo hagan, nos parece que ésta es aún insuficiente, pue ello no permite que se compense el daño producido a los consumidores.

Por esta razón, junto al diputado Gabriel Silber impulsaremos una indicación al proyecto del Gobierno que garantice las debidas compensaciones a las verdaderas víctimas que son los consumidores.

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